Denuncian por malversación al ex intendente de José de San Martín

Vicente Esteban Duñabeitía, Intendente de José de San Martín entre 2011 y 2015, se encuentra en pleno proceso de investigación por malversación de caudales públicos. El ex intendente está acusado de haber utilizado para el pago de las obligaciones salariales de la comuna, fondos destinados a la compra de equipamiento para el Cuartel de Bomberos.
La Fiscalía calificó provisoriamente esta conducta como malversación de caudales públicos, entendiendo que afectó al Estado Municipal en su correcto y normal funcionamiento por la omisión del sindicado al deber de obediencia y fidelidad en el manejo de los fondos públicos.
Duñabeitía declaró dando detalle de las obras otorgadas por Nación y Provincia, difundidas públicamente pero que nunca fueron cumplidas, de cómo eran convocados los intendentes por el gobierno provincial para realizar reclamos a la legislatura y de cómo luego el Ejecutivo comprometía envíos de fondos que nunca llegarían.
El Ministerio Público Fiscal investiga la utilización de fondos asignados a equipamiento para el cuartel de Bomberos de la localidad de José de San Martín, que el intendente aplicó al pago de haberes. El cambio discrecional de destino de fondos específicos es sancionado por el Código Penal en la figura de Malversación de Caudales Públicos.
El ex intendente indicó que el dinero había sido asignado para que el municipio compre el equipamiento y lo entregue a Bomberos. Luego describió la situación que se vivía a escasos meses de las elecciones, con obras en marcha para las que no llegaban los fondos, con gran cantidad de contratados y becados que esperaban cobrar y reclamaban constantemente al intendente, y con la necesidad de evitar que “se les prenda fuego el municipio”.
En su declaración expuso presuntos manejos políticos del gobierno provincial y del nacional, evidenciando estrategias de “utilización” de los municipios para presionar a la legislatura y/o mostrar políticas públicas de desarrollo regional que nunca pasaron de los papeles.
La Fiscalía cuenta con el plazo de seis meses a partir de la apertura para reunir elementos de prueba y decidir la resolución más ajustada al caso.