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Prisión preventiva por seis meses para Daniela Souza

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Prisión preventiva por seis meses para Daniela Souza

El juez de garantías Sergio Piñeda avaló la argumentación de los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez  y pasado el mediodía de este miércoles resolvió la prisión preventiva por el término de seis meses en contra de Daniela Souza que fuera detenida por la policía el martes por la madrugada en Arroyo Verde cuando pesaba sobre ella un pedido de captura ordenado por el mismo magistrado por su participación en la investigación de la causa “Embrujo”, investigación en la que corrieron igual suerte cinco imputados.

El magistrado dejó abierta la investigación en contra de la mujer de 32 años de edad, y a la vez consideró que de permanecer en libertad durante el proceso, puede fugar o entorpecer la investigación.

En su resolución Piñeda también pidió a la Jefatura de Policía del Chubut que realice las averiguaciones que permita saber las razones por las cuales la mujer pudo sortear los controles migratorios en el aeropuerto internacional de Ezeiza, habida cuenta que se hallaba en Europa al momento de disponerse su captura.

Los fiscales Williams y Rodriguez consideraron que la mujer tuvo un rol “fundamental” y que en las maniobras que se investigan “era una parte necesaria para obtener de manera fraudulenta fondos del Estado”. Agregaron que a pesar de ser socia gerente de la empresa Dual Cuore adjudicataria de la realización de obras autorizadas por Diego Correa, otro de los imputados, tenía una “efectiva subordinación y dependencia del funcionario que,  a cargo de la Unidad Gobernado, aparecía como jefe de la organización”.

Reparación de viviendas

A la mujer se le imputaron cinco hechos, dos de los cuales son considerados como “tentados” por los fiscales porque aún no se tienen pruebas acerca de si el dinero fue cobrado o no. En todos los casos se trata de la reparación de viviendas o departamentos oficiales a pedido del funcionario provincial Rubén Darío Reynoso, solicitud que llegaba  a la Unidad Gobernador conducida por Correa, la compulsa de precios “ficticia” –según entienden los investigadores- con otra empresa denominada “Concretar” a cargo de Juan Carlos Ramón, los rápidos trámites para que se realicen pagos en donde jugaba un importante papel Diego Luters, dependiente directo de Correa, hasta que el dinero se depositaba en la cuenta de la empresa Dual Cuore en la que Souza era la socia gerente. Las cinco contrataciones para la reparación de las viviendas oficiales se hicieron por cifras que van desde los 240.000 a los 385.000 pesos. “En todas las órdenes de compras aparece Souza y refuerza su rol en la organización como subordinada de Correa, en su rol de socio gerente o apoderada de la empresa”, indicaron los fiscales que destacaron además, que la investigación del caso “abortó varios pagos”.

Blanquear dinero en negro

También los fiscales dieron cuenta de cómo la organización y por orden de Correa, adquirió varios costosos vehículos, todos a nombre de Souza quien “inmediatamente repartía tarjetas azules para que los pudieran conducir los otros integrantes de la banda”. Dijeron que la compra de los vehículos era “una manera de blanquear el dinero obtenido en negro”. Asimismo detallaron las acciones que llevó adelante Souza cuando se enteraron del avance de la investigación para tratar de deshacerse de los vehículos mediante la venta de algunos de ellos.

Relación personal estrecha

Los fiscales destacaron también que Dual Cuore  era una empresa creada por la organización para esos fines, y que además la relación personal entre Souza y Correa era muy estrecha. Citaron para ello escuchas telefónicas y hasta un pedido de Souza para que Correa le pague gastos personales, a los que éste accedió. “En dos llamados telefónicos le pidió dinero a Correa a lo que éste accedió.  Fueron 23.000 pesos para pagar el alquiler de un departamento en Playa Unión, 500 pesos para hacerse sesiones de uñas, 900 pesos para un terapeuta, 3.500 pesos para la empleada doméstica y 47.000 pesos para la tarjeta de crédito. Esto demuestra que llevaba una vida de lujo que pagábamos todos los chubutenses”, indicó Williams.

“Vivía de manera ostentosa y el hecho es de suma gravedad porque los hacía con fondos públicos de todos los chubutenses. Era consciente de lo que hacía y su nivel de vida no se condecía con los 20.000 pesos declarado ante la ANSES”, destacó el fiscal general.

La defensa

La defensora de la imputada, la abogada María Laura Mártensen, dijo que su asistida nunca pretendió eludir a la Justicia a tal punto que al momento de ser detenida  en Arroyo Verde, tenía previsto entregarse voluntariamente ante el juez Piñeda. Agregó que esa intención se refuerza con el regreso anticipado de Europa al conocer que pesaba en su contra un pedido de captura. “Entre familiares y amigos juntaron dinero para el pasaje de regreso y su padre la esperaba en Ezeiza para trasladarla hasta los Tribunales en Trelew. Es decir que no existe el peligro de fuga.  Además  no está en condiciones de entorpecer la investigación ya que no cuenta con bienes, ni medios propios para chantajear o amenazar a posibles testigos”. Pidió además que de no otorgarse la libertad, se le conceda un arresto domiciliario.

Las carencias actuales del Estado

Finalmente en su resolución Piñeda rechazó todos estos argumentos, hizo suyo los esgrimidos por los fiscales y consideró que el hecho que se investiga es “grave” porque “se trata de fondos del erario público obtenidos ilegalmente en beneficio propio, sin hablar de las carencias actuales del Estado, afectado en parte por el accionar que hoy se investiga”. Consideró además que Souza ya tuvo intenciones de entorpecer la investigación al querer deshacerse de los bienes adquiridos –vehículos- además de documentación que luego fue secuestrada”.     

“Se desprende de la investigación hasta el momento que la imputada integraba una empresa inexistente, que era parte de un esquema de adjudicación donde la lucha de precios era ficticia, siempre con el mismo esquema, para obtener el mismo resultado”, concluyó Piñeda.

A Souza se le imputa el delito de asociación ilícita como partícipe necesario en cinco hechos contra la administración pública, dos de ellos en carácter de tentados.

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