Imposición lejos de la Solidaridad Cooperativa

El Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew dispuso una ordenanza en la última sesión donde deja sin efecto los aportes de los usuarios en concepto de la Ley Provincial 1098 y en la misma norma aplica una alícuota del 8% en concepto de aporte especial para destinar al pago de la compañía administradora del mercado eléctrico (CAMESA).

Esa Ley Provincial 1098, sancionada hace 48 años, establece que los usuarios Residenciales de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel, realizan un aporte mínimo del costo energético que ha sido destinado al desarrollo y respaldo de las familias residentes en el interior del territorio chubutense, como una medida tan justa como solidaria que respalda a quienes habitan zonas postergadas en muchos sentidos.

Los fundamentos legales y constitucionales aplicados hace casi medio siglo, ha expresado un principio básico de solidaridad y permitió alcanzar metas y logros para que otros chubutenses cuenten con servicios de energía y agua potable las 24 horas.

El sistema cooperativo de Chubut, pionero en el país, atraviesa momentos complejos de representación, de participación o de cuadros tarifarios; pero ello no impide el seguir creciendo en usuarios y asociados que administran sus propios bienes.

La economía social, aún con todas las críticas, es lejos mucho más efectiva y de servicio que sectores privados que tienen como principal objetivo el lucro en su mayor expresión en el menor tiempo posible.

Lo grave de Trelew por un lado, es no solo dejar de adherir a esa norma provincial con la posibilidad de un efecto “cascada” en los otros Concejos y ciudades; sino que grava a pagar una deuda con CAMESA de manera injusta y discriminatoria, porque la abonan usuarios Residenciales solamente, que a su vez ya ha pagado en tiempo y forma, generando una doble imposición.

Para estas horas se espera que el propio intendente, abocado a presentar su partido provincial y abrir mil unidades básicas en la ciudad, reflexione y ejerza su poder de Veto para esa norma.

Si en tiempos críticos de lo económico las determinaciones son imponer a quienes pagan que vuelvan a pagar y quitar fondos que, solidariamente, han permitido el bienestar de otros ciudadanos, sin dudas es necesario reflexionar y debatir lo que pretendemos.

Los datos de la Federación Chubutense, como entidad madre de las cooperativas de servicios públicos, indican que en nuestra provincia una factura promedio de 300 kwh/mes tiene un valor de $951, por debajo de Santa Fe (1205), Córdoba (1308), Entre Ríos (1214), Neuquén (1220), La Pampa (1107), Jujuy (1018), Buenos Aires (1448) y Mendoza (955). Queda claro que los valores que se abonan no son desproporcionados.

Que existen dificultades, no hay dudas, pero que una norma inconstitucional, injusta, arbitraria sea una idea de principio de solución es más que ilógico.

Ejecutivo y Legislativo provincial, Intendentes y Concejos Deliberantes, Cooperativas y Federación, tendrán ahora, luego de un debate, la última palabra.