La Justicia invisible

Una mala profesora de historia, en los 80, de aquellas que decían estudien “desde acá hasta acá” para que luego repitamos al frente como loros en el aula, nos indicaba la división de poderes.

Para Montesquieu “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se puede abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga poder”. Esa brillante síntesis fue inicio de que uno de los valores fundamentales de la democracia es sostener ese fino equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Con más de tres décadas continuas del sistema elegido por la sociedad argentina se ha formado conocimiento y determinación para entender que existe, pero quizás no para exigir un cabal cumplimiento de su relevancia.

En nuestra provincia, con una constitución relativamente joven y población reducida comparativamente a otras, debería resulta relativamente simple observar y objetar el desarrollo del funcionamiento de esos poderes.

Pero siguiendo la línea de filósofo y jurista, la búsqueda de la intromisión en otros poderes es siempre un objetivo directo de quienes lo ejercen como una forma de posesión definitiva y no administración transitoria.

Legisladores nacionales, provinciales, candidatos a intendentes, asesores legales o autoridades partidarias han llegado y ocupan lugares en el poder judicial como una forma de atestiguar que siempre es bueno “poner un amigo” que administre el otro poder.

Esos casos, donde sobran los ejemplos, no sólo impiden al tejido social observar y seguir de cerca la actividad sino que además termina en una gran confusión sobre resultados que, casi siempre, no conforman.

Apenas un mecanismo de mejora, como el sistema de audiencia pública que expone a un candidato del Poder Ejecutivo a integrar el Superior Tribunal de Justicia, ha sido un buen criterio para que 18 de 27 diputados provinciales deban aprobar su inclusión. No en vano se rechazó la propuesta del ex Gobernador Das Neves de impulsar a la Dra. García Blanco como integrante del máximo Tribunal.

Pero los nombres de Pasutti, Samamé, Martín, Panizzi, Donnet, Criado y hasta el propio Marcelo Guinle, a quien objeté personal y públicamente por su paso de la política partidaria al sistema judicial; son claro ejemplo de designación cuya pertenencia previa empañan hasta su capacidad.

Es clave establecer y educar sobre la separación de poderes para que exista claridad de quien es quien y que función cumple, para poder ejercer el control.

Tanto el Ejecutivo como el legislativo, muchas veces vapuleado en su generalidad, se exponen cotidianamente para que la sociedad sepa quiénes son, que hacen y a que responden.

Hoy los casos de corrupción, detenidos o informes públicos permiten saber quiénes son Fiscales, Procurados, Jueces etc. Pero resulta solo un tema y por un determinado tiempo que la sociedad presta atención.

Sistemas de audiencias públicas, más labor expuesta del Consejo de la Magistratura, información desde lo escolar hasta lo social que permita a cada ciudadano evaluar a todos los que asumen responsabilidades. Debería llegar el más preparado, el más capaz, el de mayor experiencia; no el mejor amigo.

De lo contrario volveremos a aquella etapa escolar donde otra profesora, más incapaz aún, nos enseñaba que era un hábeas corpus en plena dictadura militar, sin contarnos lo que sucedía del otro lado de la puerta.

Una Justicia lenta y tardía termina siendo invisible y por tal no creíble.