Los fiscales imputaron a exfuncionarios por asociación Ilícita

En una audiencia realizada ante el juez Sergio Piñeda en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, los fiscales Marcos Napoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez imputaron a los detenidos en un procedimiento realizado en toda la provincia el martes. Los imputan de conformar una "asociación ilícita" dedicada a cometer delitos desde el Gobierno: “Integran una organización delictiva dedicada a recibir en pago coimas y finalmente enriquecerse de forma ilegítima”, afirmó el fiscal Marcos Nápoli, integrante de la Unidad Anticorrupción que comenzó con el relato de la imputación. Y sostuvo que “nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores del plan delictivo era desconocido por los restantes”.

Los delitos que se les imputa son los de “asociación ilícita” en concurso con delitos contra la Administración Pública, que prevé penas de prisión de entre 3 y 10 años. Cisterna, Oca, Correa y Carpintero fueron considerados como jefes de esa organización, por lo que pueden ser castigado hasta con 15 años de encierro, según la calificación escogida por los integrantes de la Unidad. A Carpintero además los fiscales le imputaron la figura legal de "enriquecimiento ilícito".

Para los fiscales "existen elementos suficientes para tener por acreditado que desde diciembre 2015, un grupo de funcionarios integrado por Cisterna, Correa, Carpintero y Oca, actuando con el aval sino expreso al menos tácito del por entonces gobernador Mario das Neves, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado por si, o utilizando como medio al Estado Provincial, para enriquecerse ilícitamente”.

“El principal objeto era recaudar dinero de “retornos” de la obra pública que pagaban las constructoras correspondientes a certificados de obra conformados, de modo tal de ser ellos mismos quienes tuvieran la llave maestra que les permita generar el pago inmediato de los montos dinerarios que las compañías debían cobrar fruto de las obras realizadas y ya certificadas”, afirman los fiscales. "Los cobros se hacían en las empresas, en el Gobierno o en las oficinas del partido Chubut Somos Todos", indicó el fiscal Nápoli.

“Una vez conformada la caja dineraria, Correa y Carpintero distribuían el dinero entre las personas que aparecen nombradas en aquella planilla Excel que tan prolijamente llevaba Diego Luthers”, afirmaron en la audiencia.

De la descripción de los hechos que realizaron los investigadores durante la audiencia de este jueves, se dio cuenta de una decisión adoptada a nombre del por entonces gobernador Mario Das Neves, donde se centraliza en Diego Correa la autorización de todo tipo de contrato que realice el Estado provincial. La resolución es del 28 de enero del año 2016 cuando Correa ya era secretario privado del extinto gobernador.

En un allanamiento realizado en la casa de gobierno de Fontana 50, se secuestró un documento titulado “MEMORANDUM CIRCULAR” que está fechado ese día. El mismo está dirigido a ministros, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes y al jefe de la Policía del Chubut.

Textualmente se indica que “por expresa disposición del Señor Gobernador Mario DAS NEVES, se informa que a partir de la fecha todos los contratos de locación de obra, de bienes y servicios que se realicen, como así también los celebrados desde el 10 de diciembre de 2015 y todas las renovaciones de los mismos deberán contar –SIN EXCEPCION ALGUNA- con la autorización previa de la Secretaría Privada del Señor Gobernador. Atentamente. Sr. Diego Miguel CORREA. SECRETARIO PRIVADO GOBERNADOR”, finalmente al pie figuraba estampado el gesto gráfico de CORREA y la identificación ordinal de la resolución “MEMO N°: 07/2016/GR”.

Para los fiscales Marcos Nápoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez, integrantes de la Unidad Anticorrupción, “este documento también nos impone y desconocerlo sería absurdo, que la orden reconocía su génesis en las más altas esferas del poder político provincial, comenzando desde el primer magistrado e incluyendo a todos aquellos funcionarios de primera línea que finalmente terminaron siendo beneficiados con el reparto de dividendos arrojados por la empresa criminal”, aseguran los fiscales.

Destacaron que constituye una “ilegitimidad palmaria de la manda, que desconoce de forma flagrante los presupuestos de la Ley I N°: 259 (Ley de Ministerios promulgada en diciembre de 2.015), cuyo artículo 12 en su inciso 3° establece que es competencia del Ministerio de Economía y Crédito Público la “ejecución de la política de pagos”.

Los fiscales de la Unidad Anticorrupción agregaron en la audiencia que “del mismo modo, tanto Cisterna, Carpintero, Correa y Oca, decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan criminal. En ese sentido acordaron que sería el primero, Cisterna, quien se encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales a exigir, determinación de la “base imponible”, ubicación temporal de la demanda de los retornos, y finalmente el modo en que debían saldarse estas acreencias espurias), cumplida esta labor inicial comenzaba la gestión de Oca, quien luego de verificar que efectivamente sus demandas ilegales habían sido satisfechas, ordenaba en forma personal a sus dependientes de Tesorería a quienes pagar y a quienes no. En tanto Carpintero se ocuparía personalmente de la agenda del gobernador de entonces y de la función política para la que había sido designado, mientras que Correa se encargaría de administrar parte de los fondos ilegítimos (al menos cuando comenzó a gestarse el contubernio) repartiendo los sobresueldos que beneficiaban a un número mayor de integrantes, que finalmente sumaron sus voluntades al acuerdo criminal; gestión que incluía asimismo realizar pagos relacionados a gastos realizados por cualesquiera de los integrantes del clan y solventar asimismo los gastos que demande el sostenimiento y actividad proselitista del partido político que los albergaba, Chubut Somos Todos”.