Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil: expectativas y realidades

El Gobierno Nacional enviaría al Congreso en febrero, un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años para los delitos más graves, aquellos por los que actualmente deben responder, con un régimen especial, los jóvenes de 16 y 17 años. La propuesta genera debates y controversias que suelen dejar de lado los matices y obviar aspectos tales como la incidencia de los hechos delictivos cometidos por adolescentes en el total de hechos que preocupan a la comunidad, así como la disposición de los recursos económicos y humanos especializados que exige el régimen especial. Claro que cuando se habla de Responsabilidad Penal Juvenil, se piensa en penar conductas que encuadren en tipos penales, es decir en sancionarlas no en evitarlas.

Recientemente trascendieron aspectos de proyecto del gobierno, a través de medios de prensa nacionales. Mencionan su organización en 100 artículos, 16 capítulos y un anexo. Indica que será de aplicación para personas de 15 años cuando se trate de algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal. Es decir que responderían por homicidios, abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.

El diario Perfil informó que el artículo 62 del borrador del proyecto, promueve un “Plan Individualizado” para cada adolescente. Este plan apunta a “contemplar aspectos sociales, educativos, recreativos y de salud” y sostiene que, en caso de que corresponda, se abordará “un plan de abordaje restaurativo”. En caso de aprobarse la ley, y que el menor de 15 años sea responsable de un hecho al que corresponda una pena máxima superior a los diez años de prisión, un equipo interdisciplinario evaluará cómo proceder con su situación. Esto puede implicar “acuerdos restaurativos, programas de salud, o tratamiento de adicciones en caso de que sea necesario”. Dado el caso, el juez recibirá un informe cada tres meses del adolescente.

Qué pasa en la actualidad

En noviembre de 2018, UNICEF Argentina dio a conocer su informe “Las voces de las y los adolescentes privados de libertad en Argentina”, basado en una muestra tomada en las regiones de Buenos Aires, Centro, Cuyo y Norte del país. Relevaron 22 centros cerrados.

Hernán Moath, Especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF, sostuvo que el Sistema de Justicia Juvenil es claramente selectivo.  “El estudio muestra que los adolescentes que ingresan a los centros de privación de la libertad son los que tienen mayor vulnerabilidad y menores recursos para enfrentar tanto los riesgos sociales como el proceso penal, y eso determina que se los encierre. Hay una ausencia marcada del Estado para garantizarles tempranamente derechos básicos, pero una intervención férrea a través del sistema penal y las medidas de encierro cuando se les imputa haber infringido la ley”, explicó.

El informe no incluye la realidad de las provincias patagónicas. Por ejemplo en Esquel hace tiempo que no hay adolescentes privados de la libertad. El encierro tal como plantea la ley es el último recurso. Se establecen seguimientos por equipos técnicos especializados que acompañan el cumplimiento de medidas socioeducativas dispuestas judicialmente.

Hay casos en que personas que se vieron sometidas al régimen especial para menores de edad, vuelven a verse involucradas en hechos delictivos al alcanzar los 18 años. La efectividad de las medidas adoptadas debería ser analizada en cada situación particular para determinar las causas y evaluar cómo mejorar los resultados. Sin embargo esta evaluación profunda no aparece como un reclamo de la opinión pública, ni cómo política pública, al menos no con trascendencia mediática.

El papel de la educación, el deporte y la salud

En “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, UNICEF sostiene que existe amplia evidencia que muestra que el abandono temprano de la escuela aumenta significativamente el riesgo de los adolescentes de ser captados para iniciar una trayectoria delictiva. Esta situación empeora cuando el Estado no garantiza espacios recreativos y formativos a nivel comunitario que fomenten la capacidad de aprendizaje y desarrollo de los niños y adolescentes (tales como programas deportivos, de formación musical y artística, actividades recreativas, etc.).

La exposición de los niños a situaciones y contextos de violencia –ya sea en el ámbito familiar, institucional o comunitario- también contribuye un factor que puede facilitar su vinculación con las infracciones a la ley penal. Las violencias, en sus distintas manifestaciones, y su consecuente baja de la autoestima y generación de resentimiento en los niños y adolescentes, pueden ocurrir en todos los niveles socioeconómicos, y no son privativas de un sector social particular.