Por estas horas, la justicia trabaja en una causa que tiene como protagonistas a varios dirigentes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), denunciados por ejercer acciones extorsivas y amenazas, que impiden el inicio de la zafra pesquera en el sur del país.
Hace pocos días, el compendio general de industrias pesqueras langostineras radicó la denuncia en los tribunales penales de la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut, sobre tres dirigentes sindicales que habrían exigido el pago de coimas, seguido de intimidaciones personales y laborales que impiden el normal desarrollo de la pesca en los principales puertos del país.
La sentencia, devenida de la rápida acción de la Fiscal General, Dra. Florencia Gómez y el Procurador Fiscal, Dr.Juan Leonardo Cheuqueman, determinó que la medida debe cumplirse inicialmente por el plazo de 60 días, y que sea extendida al lugar de actividades habitual y/o laboral y/o cualquier lugar en la vía pública en que se encuentren las víctimas.
Sin embargo, lo más grave del caso es que la situación ha bloqueado la actividad portuaria y ha detenido, hasta el momento, todos los trámites administrativos que se llevan a cabo antes de la apertura de la temporada de pesca, poniendo en riesgo directo la apertura de la zafra del langostino salvaje, que supone cada año el 60 % del total de las exportaciones pesqueras nacionales.
Por estas horas, la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) ha decidido no solicitar la prospección (investigación comercial previa y obligatoria a la apertura de la zafra), hasta que no esté garantizada la paz social y la fuente de ingreso de todos los trabajadores, por lo cual la actividad se encuentra totalmente paralizada.
Gustavo González, Presidente de la entidad explicó en diálogo con Red43 que el conflicto vino luego de la asunción de la nueva comisión del gremio y la implementación de medidas "viejas y que yo señalé en su momento como extorsivas".
"Hoy, cuatro meses después, la Justicia me está dando la razón. Las empresas que realizan la descarga radicaron la denuncia por extorsión y pedido de sobornos"
Los miembros de la cúpula dirigencial del SUPA, quienes ya fueron notificados de una resolución de la Jueza Penal de Rawson, Ana Karina Breckle, deben cumplir inmediatamente “la prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio (sea telefónico y/o por mensajes por cualquier vía) sobre los denunciantes”.
Cerca de cinco mil personas se ven afectadas a la situación; se trata de contratados para la temporada. Las fábricas no llaman a operarios y los barcos no salen a pescar. En un año donde por suerte ya habíamos firmado las paritarias con los gremios embarcados.