La relación económica entre Argentina y Cuba tiene un capítulo poco conocido pero significativo: la millonaria deuda que la isla caribeña mantiene con el Estado argentino desde los años setenta. A la fecha, el monto supera los 3.000 millones de dólares, según datos que surgen de informes oficiales y publicaciones del portal CiberCuba, un medio independiente de noticias y análisis sobre la realidad política, económica y social cubana.
A fecha Cuba es el país que más deuda mantiene con Argentina. El origen se remonta al año 1973, durante el breve gobierno interino de Raúl Lastiri. En ese contexto geopolítico marcado por la Guerra Fría y los alineamientos ideológicos, el país otorgó a Cuba una línea de crédito de aproximadamente 600 millones de dólares para la compra de maquinaria, tractores, vehículos, tecnología y bienes de capital, todos de fabricación argentina. Las exportaciones incluyeron modelos como el Fiat 125, el Renault 12, el Ford Falcon, camiones y equipos agrícolas que fueron enviados a la isla como parte del acuerdo comercial.
A través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Argentina consolidó el crédito y registró la operación. Cuba debía comenzar a pagar en los años siguientes, pero la deuda ingresó rápidamente en una espiral de impago.
A lo largo de más de cinco décadas, sucesivos gobiernos argentinos intentaron -con distintos niveles de compromiso- recuperar la deuda que Cuba mantiene con la Argentina desde 1973. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se produjeron los únicos pagos parciales registrados: en 1988 Cuba abonó 102 millones de dólares y en 1989 otros 98,6 millones.
En la década del '90, bajo Carlos Menem, se recalculó el monto adeudado —fijándolo en 1.278 millones de dólares más intereses— y se evaluó la posibilidad de canjes comerciales, pero las gestiones no avanzaron.
A diferencia de lo que suele creerse, durante el gobierno de Néstor Kirchner se realizaron acciones concretas: en octubre de 2003, el canciller Rafael Bielsa viajó a La Habana con una propuesta formal que incluía recibir medicamentos, tecnología médica y capacitaciones científicas como parte de pago. Incluso mantuvo una reunión directa con Fidel Castro y el presidente del Banco Central de Cuba. Sin embargo, las negociaciones quedaron sin resolución.
Bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, las relaciones bilaterales se mantuvieron en buenos términos, pero el tema de la deuda fue relegado en la agenda oficial. Con Mauricio Macri, el tono comercial de la política exterior tampoco se tradujo en un reclamo efectivo.
Ya en el gobierno de Alberto Fernández, y también en la gestión actual, el reclamo permanece congelado: no hay gestiones públicas ni diplomáticas activas orientadas a recuperar los más de 3.000 millones de dólares que la isla debe a la Argentina.
El capital original se multiplicó debido al paso del tiempo sin cancelaciones. La falta de pagos se enmarca en una Cuba atravesada por su histórica crisis económica y una economía estatal con escasa liquidez internacional. Sin embargo, el dato que llama la atención en ámbitos diplomáticos y financieros es que el régimen cubano, a través de conglomerados como GAESA (el Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas), sí gestiona recursos económicos importantes, sobre todo provenientes del turismo internacional y remesas. Esto lleva a preguntarse si la deuda con la Argentina persiste solo por falta de capacidad de pago o también por falta de voluntad política.
En términos contables, la deuda representa un activo para el Estado argentino que, aunque difícil de cobrar, sigue figurando en los registros del BICE. No existen al momento acciones judiciales ni diplomáticas activas para reclamarla, y ningún gobierno argentino reciente ha priorizado el tema públicamente.
En paralelo, la Argentina enfrenta su propio drama de endeudamiento. Es el mayor deudor individual del Fondo Monetario Internacional, con una deuda que supera los 40.000 millones de dólares.
En este contexto, la existencia de pasivos impagos de otros países hacia la Argentina puede parecer menor, pero no lo es, refleja un perjuicio económico concreto al Estado argentino.