La jueza de garantías, Eve Ponce, resolvió formalmente la apertura de una investigación contra Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, por presuntamente haber desviado dinero de las cuentas del gremio hacia las suyas y las de su ex esposa. La decisión se dio a instancias del fiscal general Omar Rodríguez, quien encabeza la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública.
Un largo proceso judicial
En el proceso, Quiroga y su defensa intentaron evitar el levantamiento del secreto bancario sobre sus cuentas personales. Sin embargo, tras la presentación de pruebas y pericias contables, la jueza Ponce dio luz verde a la causa, permitiendo que el proceso avance hacia una posible resolución judicial.
Los hechos detrás de la imputación
La investigación que involucra al sindicalista Quiroga, también apunta a su ex esposa, quien sería coautora del presunto delito. La imputación es por defraudación por administración fraudulenta en carácter de coautores.
Los fiscales presentaron pruebas que indican un movimiento de fondos irregulares desde las cuentas del gremio hacia cuentas personales, así como gastos que no estarían justificados. El monto de dinero desviado aún está siendo investigado.
En la audiencia, se detallaron pericias contables, donde se evidenció el flujo de dinero entre bancos y los gastos personales realizados por los imputados. Los fiscales señalaron que la investigación tiene un plazo de seis meses para su resolución y, durante este tiempo, los acusados podrán ejercer su derecho a la defensa.
La defensa de Quiroga
Oscar Romero, abogado defensor de Quiroga, presentó un argumento que se basa en la autonomía de los gremios sobre la administración de sus fondos.
Según Romero, la Organización Internacional del Trabajo y la ley que regula las asociaciones sindicales establecen que los gremios son autónomos y no deben estar sujetos al control de las autoridades públicas en cuanto a la gestión de sus recursos. Además, el defensor subrayó que la intervención judicial debería ser el último recurso, y que antes de llegar a la Justicia, deberían haberse seguido los mecanismos internos del gremio.
Romero también cuestionó a los denunciantes, quienes son miembros de la misma conducción de ATE, argumentando que la denuncia tiene motivaciones internas y no corresponde a un conflicto legal, sino gremial. Relacionó el caso con una disputa interna dentro del gremio sobre el manejo de los fondos y mencionó el contexto de tensiones salariales como posible trasfondo de la denuncia.
Respuesta del fiscal general
Por su parte, el fiscal general Omar Rodríguez rechazó los argumentos de la defensa, defendiendo la intervención de la Justicia en casos de presunta defraudación, aún cuando exista autonomía gremial. Rodríguez destacó que no se puede ignorar la posibilidad de que se haya cometido un delito, independientemente de la naturaleza sindical de las entidades involucradas.
El fiscal también señaló la incongruencia de no iniciar una investigación contra Quiroga, mientras que su ex esposa fue imputada por los mismos hechos. Además, hizo referencia a casos previos en los que dirigentes gremiales fueron procesados por irregularidades financieras dentro de sus organizaciones.
Este proceso judicial sigue su curso, con la investigación abierta y un plazo de seis meses para determinar si se puede llevar a juicio a los imputados. La presunción de inocencia sigue siendo el principio rector en este caso, pero las pruebas presentadas podrían dar lugar a un juicio por defraudación si la investigación lo confirma.
O.P