El presidente Javier Milei buscó tomar distancia del fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras, al sostener que el Gobierno no debe intervenir en las decisiones del máximo tribunal. Sus declaraciones fueron realizadas de manera virtual durante el Coloquio de IDEA 2026.
“La decisión de la Corte Suprema es suya, de eso se trata el republicanismo”, afirmó Milei al ser consultado por la resolución. Luego agregó: “Lo que decide la Corte es lo que decide la Corte y yo no tengo por qué meterme en lo que está decidiendo”.
El mandatario también sostuvo que intervenir sobre una resolución judicial podría implicar favorecer o perjudicar lo resuelto por los jueces y pidió “coherencia” respecto de la defensa de la división de poderes.
Qué resolvió la Corte sobre la Ley de Tierras
La Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre Tierras Rurales.
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo. La decisión se basó en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para promover esa acción y que no estaba configurado un caso o controversia judicial.
Con el fallo, volvió a quedar vigente el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras. De esta manera, dejaron de regir los límites nacionales que la normativa establecía para la propiedad extranjera de tierras rurales.
Qué establecía la norma
La Ley 26.737 fue sancionada en 2011 y establecía que las tierras rurales en manos de personas o empresas extranjeras no podían superar el 15% de la superficie rural del territorio nacional, provincial o departamental. También fijaba límites vinculados con la concentración de propiedades por una misma nacionalidad y por titular.
El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó esa normativa. Posteriormente, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional esa parte del decreto, decisión que ahora fue revocada por la Corte.
La discusión vuelve al Congreso
El escenario también mantiene abierta la discusión legislativa sobre el DNU 70/2023. El Senado rechazó el decreto en 2024, mientras que la Cámara de Diputados todavía no se pronunció sobre su validez.
Según el mecanismo establecido para los decretos de necesidad y urgencia, el rechazo de ambas cámaras es necesario para que un DNU quede definitivamente rechazado. Por ese motivo, la situación de la Ley de Tierras también quedó vinculada al futuro tratamiento del decreto en Diputados.
Mientras tanto, Milei sostuvo que la resolución corresponde exclusivamente al Poder Judicial y que el Ejecutivo debe respetar la división de poderes.
O.P.