La procuradora del Ministerio Público Fiscal, Cecilia Bagnato, y la funcionaria Mónica Caveri brindaron detalles sobre la investigación por el caso de presunto cautiverio en Esquel, que involucra a un hombre imputado y a su familia. Durante la conferencia de prensa, explicaron cómo se inició la intervención judicial, qué elementos se conocen hasta el momento y cuáles son las principales medidas que restan realizar.
Diez días de prisión preventiva y seis meses para investigar
Bagnato confirmó que el hombre deberá cumplir diez días de prisión preventiva, una medida solicitada por la Fiscalía para resguardar el proceso mientras avanzan las diligencias. Aclaró que no se trata de una condena y que, una vez cumplido ese plazo, se podrá solicitar una prórroga o una sustitución, según el avance de la investigación.
La causa investiga una posible privación ilegítima de la libertad y abandono de personas. El Ministerio Público Fiscal cuenta con un plazo de seis meses para reunir pruebas y formular una acusación formal, si corresponde.
La procuradora explicó que el imputado prestó declaración durante la audiencia y dio su versión de los hechos. La Fiscalía deberá analizar sus manifestaciones, contrastarlas con las pruebas reunidas y determinar las circunstancias en las que vivían las personas dentro de la vivienda.
Además, indicó que todavía quedan actuaciones por revisar, testimonios por recoger y pericias por realizar. Entre otras cuestiones, el Ministerio Público Fiscal buscará verificar información aportada por el imputado sobre su formación profesional y su actividad laboral.
Bagnato remarcó que la prisión preventiva es una medida cautelar destinada a permitir el desarrollo de la investigación y no implica que la culpabilidad del hombre esté acreditada. En ese sentido, pidió cautela al momento de informar sobre el caso, debido a la presencia de menores de edad y a la situación de vulnerabilidad que atraviesan los integrantes de la familia.
La denuncia vecinal y las condiciones en las que encontraron a la familia
La investigación comenzó luego de que una vecina denunciara situaciones que le generaban preocupación. Según detalló Caveri, otros residentes del sector también aportaron testimonios sobre comportamientos que consideraban inusuales, como ventanas cubiertas con telas o papeles, la falta de actividad visible durante el día y gritos de una mujer durante la noche.
La Policía Comunitaria intervino a partir de la denuncia presentada el 10 de octubre y dio participación al Juzgado de Familia. Por disposición de ese organismo, el Equipo Técnico Interdisciplinario se presentó en el domicilio, pero el propietario no permitió el ingreso ni las entrevistas con el resto de las personas que vivían allí.
El informe elaborado tras esa intervención fue uno de los fundamentos para solicitar el allanamiento. Caveri aclaró que, durante el procedimiento, las funcionarias escucharon manifestaciones de la mujer que motivaron el ingreso a la vivienda, aunque precisó que no se trató puntualmente de un grito de auxilio.
En el lugar encontraron a una mujer de 41 años, dos menores de 17 y 13 años y un joven de 19. Según la documentación disponible, serían integrantes de una misma familia. Caveri describió una casa grande, con numerosas habitaciones y desorden, y señaló que los menores dormían juntos en un dormitorio.
También indicó que había alimentos en buen y mal estado y confirmó que uno de los jóvenes quería permanecer con una de sus mascotas, con la que actualmente se encuentra acompañado.
En relación con la situación de salud, Bagnato explicó que la mujer recibió atención profesional y que se están evaluando algunas crisis psicológicas y posibles patologías, sin que hasta el momento corresponda establecer un diagnóstico. Los menores también están siendo atendidos por profesionales, con intervención de equipos de salud mental, el Servicio de Protección de Derechos y el municipio.
“Hay una situación de extrema vulnerabilidad no sólo de los integrantes de la familia, sino de esta persona”, sostuvo la procuradora, en referencia también al imputado.
Por último, las funcionarias insistieron en que la investigación se encuentra en una etapa inicial. Todavía deben determinar desde cuándo vivía la familia en el domicilio, verificar si los menores concurrían a la escuela y establecer en qué condiciones permanecían dentro de la vivienda. La Fiscalía deberá analizar las pruebas y las evaluaciones profesionales para determinar si los hechos configuran los delitos investigados.