El director de un establecimiento educativo de Corcovado y un empleado municipal enfrentarán un juicio oral acusados de integrar un esquema sistemático para desviar fondos públicos destinados a la alimentación de los alumnos. La investigación, llevada adelante por la fiscal general María Bottini y el funcionario Julián Forti, abarca maniobras realizadas entre mayo de 2023 y septiembre de 2024.
La causa se inició tras una denuncia presentada el 21 de noviembre de 2024 por la delegada administrativa del Ministerio de Educación en la Región III. La acusación detalla al menos 31 hechos donde se habrían vulnerado el Reglamento General de Escuelas y normativas del Ministerio de Educación que exigen emitir los pagos a nombre de los proveedores del servicio.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el esquema se ejecutaba a través de cuatro pasos principales. En primer lugar, se emitían comprobantes sin respaldo real por parte del particular, quien estaba inscripto ante la agencia de recaudación en el rubro de prestación de servicios y no de venta de alimentos, además de tener el impedimento legal de ser empleado municipal. Varios de estos comprobantes presentaban fechas posteriores al cobro efectivo del dinero.
En segundo término, el propio director acudía a la sucursal del Banco del Chubut en Corcovado para cobrar personalmente los cheques por ventanilla en lugar de transferir los valores a proveedores legítimos. Posteriormente, el directivo asentaba falsamente en el Libro Banco que los pagos estaban destinados a comercios de la zona, figurando en uno de los asientos contables una supuesta compra realizada al propio Ministerio de Educación.
Finalmente, la fiscalía constató que la mercadería declarada nunca ingresó al establecimiento y detectó facturaciones inconsistentes con el menú escolar, como la compra de tapas de empanadas o veinte kilos de pollo para el horario correspondiente al refrigerio de la tarde.
El Ministerio Público Fiscal fundamenta la acusación en el perjuicio directo al patrimonio público destinado a la comunidad educativa, la falsedad documental al alterar registros y el incumplimiento de funciones por parte del directivo al eludir los mecanismos de control contable. Por estar involucrado un funcionario público, el debate se llevará a cabo ante un tribunal mixto, cuya fecha de realización y composición se determinarán próximamente.