María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, quedó en el centro de la atención por la evolución de su patrimonio durante el período en el que se desempeñó dentro del Gobierno nacional.
Según las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, Agudiez ingresó a la administración pública con bienes declarados por $43.000: $8.861 en cajas de ahorro y $35.000 en efectivo.
En su declaración correspondiente al cierre de 2025, dos años después, informó activos por $4,5 millones. En esa presentación declaró $3,5 millones en efectivo, además de fondos comunes de inversión, tenencias en plataformas de servicios de pago y una caja de ahorro en dólares.
El mismo documento consignó ingresos por $37,6 millones durante el período anual y gastos personales por $36 millones.
La evolución patrimonial surge de las declaraciones juradas, cuya publicación y consulta está a cargo de la Oficina Anticorrupción. El organismo señala que estas presentaciones constituyen una herramienta de transparencia y permiten detectar posibles situaciones que luego pueden ser analizadas por las autoridades correspondientes.
La salida de Olivos
Agudiez dejó su cargo en el marco de una reestructuración en la Quinta de Olivos. Alrededor de 12 empleados civiles fueron apartados bajo argumentos vinculados a cuestiones de seguridad y a sospechas sobre posibles filtraciones de información.
Entre las personas desplazadas también estuvo Osvaldo Sosa, quien había sido administrador de la residencia presidencial y está casado con Analía Agudiez, hermana de la exfuncionaria.
En paralelo, la diputada Marcela Pagano volvió a plantear una denuncia penal relacionada con presuntas irregularidades en compras de alimentos destinadas a dependencias oficiales. La denuncia sostiene que productos adquiridos para Balcarce 50 y Olivos podrían haber sido derivados a un emprendimiento privado de catering vinculado a Sosa y Agudiez. Se trata de una acusación que forma parte de una investigación y no de un hecho judicialmente probado.
El caso vuelve a poner el foco sobre las declaraciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios nacionales y sobre la evolución de los bienes informados durante su paso por la administración pública. La Oficina Anticorrupción mantiene disponible el sistema de consulta pública de estas declaraciones.
MA