La historia de la pena de muerte en la Argentina recorre un camino sinuoso marcado por avances, derogaciones y reinstauraciones a lo largo de los siglos XIX y XX. Aunque la emblemática Asamblea del Año XIII declaró formalmente la eliminación de los elementos de tortura y los castigos corporales en el territorio, la aplicación de la pena capital continuó presente en la legislación para sancionar delitos graves e instancias políticas durante el período de organización nacional.
Uno de los hechos más impactantes del siglo XIX ocurrió en 1848 durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, cuando se ordenó el fusilamiento de Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez en el campamento de Santos Lugares. Este episodio, motivado por el enamoramiento y la posterior huida de la pareja, se convirtió en un caso emblemático de la violencia política y el uso de la pena capital por razones de Estado en la época preconstitucional.
Con el establecimiento del Código Penal de 1886, el marco normativo legalizó nuevamente el fusilamiento para ciertos crímenes comunes. En ese contexto se produjo la última ejecución legal dictada por la justicia civil. Ocurrió el 22 de julio de 1916 en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires, cuando un pelotón fusiló a los inmigrantes italianos Giovanni Bautista Lauro y Francisco Salvatto, encontrados culpables por el asesinato del empresario Frank Carlos Livingston. Años más tarde, la reforma penal de 1922 retiró la sanción del texto normativo para casos ordinarios.
Pese a ese avance inicial, durante las décadas siguientes el castigo extremo reapareció en diversas oportunidades de la mano de gobiernos de facto. Dictaduras militares reinstauraron la sanción en sus ordenamientos legales, además de ejecutar formas sistemáticas de violencia al margen del amparo constitucional.
La consolidación formal del fin de la pena capital comenzó con el retorno de la democracia. En 1984, bajo la gestión del presidente Raúl Alfonsín, el Congreso sancionó la Ley 23.077 que derogó la pena de muerte del Código Penal para delitos comunes. De manera paralela, el Estado argentino ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Este tratado internacional establece el principio de no regresividad, la norma mediante la cual un país que abolió la pena de muerte no puede restablecerla en el futuro.
La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a dicho acuerdo internacional, reforzando la imposibilidad legal de reinstaurar el castigo en la legislación ordinaria. El cierre definitivo del andamiaje punitivo aconteció en 2008, cuando el Congreso derogó el Código de Justicia Militar, eliminando la pena de muerte del último ámbito de la legislación nacional en el que mantenía vigencia teórica.
EBW