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07 de Marzo de 2017
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Alpesca: El STJ decide si condena a Dufour y Albornoz queda firme

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El Superior Tribunal de Justicia deberá resolver si queda firme la condena a Gabriela Dufour y Omar Albornoz por “administración fraudulenta” en preservación de bienes de Alpesca. El daño ocasionado al Estado Provincial superó los 5 millones de dólares.
La audiencia se realizó en Rawson ante los ministros Mario Vivas, Miguel Donnet y Alejandro Panizzi. Los fiscales Daniel Báez y Alex Williams solicitaron que la condena del juicio, que fue ratificada en segunda instancia por la Cámara Penal, sea revalidada. Por su parte, el defensor particular Fabián Gabalachis pidió que se revoque la misma y se dicte el sobreseimiento ambos ex funcionarios.
La condena a Dufour y Albornoz fue a 2 años y 6 meses de prisión. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia, que es la última etapa de apelación a nivel provincial, tendrá 60 días para notificar su resolución.
Dufour pidió la palabra antes de comenzar la audiencia, cuando se solicitó tratar las posibles recusaciones a los integrantes del Tribunal, y les dijo a Vivas y Donnet que no había votado sus pliegos como ministros. Luego, les hizo saber que como integrante de la Legislatura puede intervenir en la sala donde se definiría pedido de juicio político a Donnet. El ministro le respondió que no estaba formalmente notificado de que existiera ningún juicio político en su contra. “Yo no estoy notificado de ningún juicio político. Si la imputada hace esta aclaración debería ser formal la recusación”, expresó el ministro. El defensor Gabalachis tomó la palabra y explicó que no iban a presentar formal recusación, con lo cual comenzó la audiencia.
La tormenta que destruyó los barcos de la ex pesquera Alpesca ocurrió el 7 de abril de 2014. Según la causa judicial, los ex funcionarios fueron informados que la tormenta podría destruir los barcos y les solicitaron combustible y cabos para amarrar los buques, pero nunca obtuvieron respuestas. “No decimos que buscaron que los barcos se hundan, sino que no hicieron ninguna actividad para cuidarlos teniendo los fondos para hacerlo, no cumplieron con el mandato que les imponía el decreto dictador por Buzzi. Nunca invirtieron. La situación se asemejaba a una bomba a punto de explotar. Ello ocurrió en Abril de 2014”, indicó el fiscal del caso, Daniel Báez.

 

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