ATE rechaza el Censo Provincial de Trabajadores

En virtud del Decreto N° 44 del presente año, por el cual el Gobierno Provincial, dispuso un censo para trabajadores de la administración pública dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, y el cual es operativizado vía online, la Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.) de Chubut dice:
Que dicho instrumento legal es extorsivo por cuanto establece la facultad de sancionar al trabajador si este no completara los formularios, o estos fueran realizados parcialmente o completados en forma tal que no estén ajustados a la situación actual y real del trabajador.
Que tal norma es inconstitucional por violar las garantías del debido proceso administrativo, en cuanto dispone la sanción ante la posibilidad del incumplimiento sin dar posibilidad a la defensa previa y/o descargo del trabajador.
Que el mencionado decreto resulta un ataque a la constitución nacional en cuanto prevé castigar al trabajador dos veces por la misma falta, mediante el no pago de sus haberes y la baja de la planta de personal.
Que la orden dispuesta por las autoridades de gobierno resulta improcedente en cuanto esta establece plazo perentorio de llenado de formularios vía online, sin tener en cuenta la realidad que viven y padecen nuestros trabajadores en el interior de nuestra provincia. Sin servicios básicos como agua y luz, pretenden imponer que los mismos cumplan con una orden que en muchos casos sería de imposible cumplimiento, porque no existe la señal de internet o wifi en la localidad donde viven y/o trabajan, y en otros casos los trabajadores no cuentan con los recursos necesarios para disponer de una pc y/o internet pago en su domicilio real.
Que el Gobierno no tuvo en cuenta que casi la totalidad del sector que presta servicios en el ámbito educativo (docentes y auxiliares) se encuentra de vacaciones y que el resto de la administración también esta usufructuando su licencia anual por vacaciones, período en el cual el trabajador se desconecta de la actividad laboral y en muchos casos tomando distancia geográficamente, perdiendo contacto con su sector de trabajo, lo cual hace imposible que este en conocimiento de su obligación e incluso que sea notificado fehacientemente acerca de la misma. 
Que no tiene en cuenta la barrera tecnológica y el nivel de formación de miles de trabajadores, que solo han podido culminar estudios primarios por su baja condición social. 
Respecto del personal contratado – bajo diversas figuras- sostiene que “sabiendo de antemano que muchos no podrán cumplir con lo que se les pide, porque justamente en el caso de este núcleo de trabajadores resulta de imposible cumplimiento la carga de la información solicitada”.
Que el decreto avasalla la privacidad del trabajador en cuanto solicita el número de celular particular y obliga al trabajador a dar dicha información desconociendo quien la recepta del otro lado en forma anónima. 
Que resulta descabellado se solicite al trabajador el llenado de un formulario en donde diga que hace, dónde y cuánto cobra, a los fines de poder seguir percibiendo sus haberes y para evitar su baja, siendo que el trabajador tiene el derecho a cobrar su sueldo (como cualquier trabajador del sector privado o autónomo) una vez prestado sus servicios. El salario es la contraprestación por los servicios brindados, y de ningún modo estos pueden ser retenidos. Los funcionarios que dispongan el no pago de haberes o la retención de los mismos habiendo sido ya liquidado serán responsables por el perjuicio ocasionado con el patrimonio propio.
Opinamos que el dto. se enmarca en lo que el Ministro de Coordinación de Gabinete llama la re funcionalización del Estado, que no es otra cosa que lo que se llamó en la década del 90, la modernización del Estado, circunstancias que ocasionaron innumerables consecuencias graves para la clase trabajadora, como, por ejemplo: congelamiento de paritarias y salarios, despidos, cierre de reparticiones, trabajo precarizado, achique en los servicios públicos, etc.
Dejamos asentado que el sistema tiene serias falencias en el momento de intentar cargar los datos solicitados, informando de error, “caída del sistema”, etc.; y asimismo no brinda comprobante una vez cargada la información solicitada. 
Esperamos de las actuales autoridades que valoren el trabajo de los empleados públicos, que inviertan en mejores salarios, en trabajo blanqueado con estabilidad, que hagan la previsión para capacitar al personal, que se retome la instancia paritaria y que mejore las condiciones laborales de los mismos.
Por último, afirmamos que la administración pública cuenta con trabajadores idóneos y con amplia experiencia en las oficinas de personal y sueldos para realizar un verdadero censo con todas las letras a los fines de poder contar con información relevante para un mejor funcionamiento del Estado, si éste fuera realmente el verdadero interés de los funcionarios impulsores de esta iniciativa a la que consideramos improvisada y destinada al fracaso por los motivos expuestos. 
Si el trabajador ha cumplido con la prestación de servicios nos reservamos el derecho de denunciar y accionar civil y penalmente contra los funcionarios y su patrimonio personal, si ordenan el no pago de haberes, o el descuento de sueldo total o parcialmente, o la retención del mismo habiendo sido éste ya liquidado, aduciendo cualquier pretexto ajeno al débito laboral.

Guillermo Quiroga Delegado Normalizador- Secretaria General ATE Chubut.