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La Corte Suprema rechazó que el reclamo Mapuche sea “terrorista”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un conflicto de competencia en la causa de la ocupación de tierras de la empresa Benetton en la zona de Leleque y rechazó que esa toma impulsada por grupos mapuches pueda ser enmarcada como un “acto terrorista”, tal como lo había sugerido el juez de origen, el esquelense Martín Zacchino, quien se había declarado incompetente porque entendía que se trataba de un delito federal.

Con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, no hizo más que avalar la interpretación que hizo en un dictamen el procurador fiscal Víctor Abramovich y declaró que quien deberá entender en la causa es el juez de origen, es decir, Zacchino.

El dictamen de Abramovich incluye un detalle de los hechos, que se iniciaron el 13 de marzo del año pasado, cuando un grupo de alrededor de quince personas -que se identificaron como miembros de la Comunidad de Resistencia del Departamento Cushamen- ingresaron sin autorización a la estancia Leleque, propiedad de la compañía Tierras del Sud Argentino S.A. (Benetton), colocando carteles con las leyendas “Fuera Benetton” y “Territorio mapuche”.

A la vez, repelieron con piedras y gomeras la intervención policial que pretendía su desalojo, causando lesiones leves a dos agentes y daños a un patrullero.

En la causa está imputado Martiniano Jones Huala, un activista mapuche que es tío de Facundo Jones Huala, un joven que está prófugo de la Justicia por varios atentados en Chile y la Argentina.

A medida que fue avanzando la causa se suscitó el conflicto de jurisdicción. El juez Zacchino interpretó que se trataba de un caso federal y declinó la competencia por considerar que los hechos investigados afectaban la seguridad interior, ya que se encontraban vinculados a otros atentados que se habrían atribuido a los miembros de la Comunidad de Resistencia del Departamento Cushamen en las provincias de Río Negro y Chubut.

Zacchino, además, entendió que resultaba aplicable al caso la agravante prevista en el último párrafo del Artículo 41 del Código Penal, que indica que la escala de pena se incrementará en el doble del mínimo y el máximo para aquel delito que “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.”

Según el juez de Esquel, los ilícitos de este grupo mapuche tenían “la clara finalidad de obligar a las autoridades nacionales al otorgamiento de tierras ocupadas ancestralmente por el pueblo mapuche o incluso al reconocimiento de cierta autonomía de dicho pueblo o nación”.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, aceptó parcialmente la competencia por el corte de la Ruta 40 durante la ocupación, pero rechazó la postura de Zacchino de que el caso podría tratarse del delito de “aterrorizar a la población”.

Otranto, además, indicó que en el caso subyace un reclamo indígena por la propiedad o posesión de la tierra, lo que fundamenta la exclusión de estos sucesos como actos terroristas, por aplicación de esa norma, que expresamente exceptúa como tales a aquellos que “tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.”

Y por último, el juez federal descartó la vinculación del caso con otros atentados atribuidos a miembros de la Comunidad de Resistencia del Departamento Cushamen.

La Procuración General de la Nación recordó que es doctrina de la Suprema Corte de Justicia que “los conflictos de competencia en materia penal deben decidirse de acuerdo con la real naturaleza del delito y las circunstancias especiales en que se ha perpetrado, según pueda apreciarse prima facie y con prescindencia de la calificación que le atribuyan, en iguales condiciones, los jueces en conflicto.”

Por el contrario –agrega el dictamen-, “los acontecimientos bajo análisis están enmarcados en una protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales.”

El apellido Jones Huala ha aparecido en los últimos años vinculado a varios hechos de violencia relacionados con el reclamo de grupos mapuches.

Martiniano, imputado en la causa sobre la que se expidió la Corte, es tío de Facundo Jones Huala, el activista más importante y más buscado de los últimos años, tanto en Argentina como en Chile.

Jones Huala permanece prófugo de la Justicia chilena desde septiembre de 2014 y se sospecha que participó del ataque incendiario al refugio Neumeyer (Valle del Challhuaco) en octubre de ese año, cuando un grupo de encapuchados del Movimiento Mapuche Autónomo

Jones Huala también es sospechoso de haber participado de la quema de un camión sobre la Ruta 40 a finales de 2014 y de varios atentados en Villa La Angostura, ocurridos entre el 2009 y 2010.

El año pasado fue protagonista de una polémica en la zona cordillerana de Chubut, porque trascendió que la Policía se había perdido de atraparlo en un operativo realizado en la toma de las tierras de Benetton, en donde se suponía que se ocultaba.

Hoy continúa prófugo.

FUENTE: DIARIO JORNADA.

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