Se realiza la audiencia en la que se encuentra imputado Blas Mesa Evans por presuntas irregularidades cuando era Fiscal de Estado
Para este jueves está previsto que se inicie la audiencia de apertura de investigación en la que se encuentra imputado el ex titular de la Fiscalía de Estado del Chubut, Blas Mesa Evans por el presunto delito de administración infiel contra el erario público, en la que además se encuentra también imputado un ex empleado de ese organismo, aunque en este caso en carácter de coautor.
La investigación preliminar indica que a través de un decreto, el entonces fiscal de Estado, Mesa Evans, incorporó a Monasterio Ortega a la planta transitoria de la Fiscalía de Estado para cumplir funciones administrativas.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Rawson el proceso será seguido por el fiscal general Osvaldo Heiber.
La designación comenzó a tener vigencia a partir del 28 de diciembre de 2012 y se extendió solo por tres días, hasta el 31 de diciembre de 2012.
Posteriormente, a partir del 1 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2013 se dictó el Decreto Nº 1026/13 de fecha 2 de Agosto de 2013 mediante el cual se prorrogó su incorporación a la planta transitoria por un año más.
Para el Ministerio Público Fiscal, “el hecho es punible, hay abuso de una función y perjuicio contra el Estado y que en el estado larval de la investigación existe presunción de que el delito pudo haberse cometido”.
Según la descripción coincidente del hecho que se investiga que realizaron la querella y el Ministerio Público Fiscal, “durante dos días del año 2012, todo el período lectivo del año 2013 y parte del 2014, Monasterio nunca se presentó a cumplir funciones ni horarios en la Fiscalía de Estado, dado que prestaba su débito laboral en el asilo de ancianos llamado “Lugar de mis abuelos” con una jornada laboral de 8 a 17 de lunes a sábados.
Concluye que Monasterio Ortega “percibía sus haberes como empleado del Estado provincial bajo la connivencia de su jefe interino y Fiscal de Estado, BIas Meza Evans”, firmante además de los decretos de designación.
Agrega que ambos “incurrieron en un accionar defraudatorio hacia el Estado provincial, sumado a una falta de apego a las tareas impuestas”.