Antonena fue imputado por abuso de autoridad

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut recibió la orden de comenzar la investigación sobre la denuncia por abuso de autoridad realizada contra el ministro de Economía, Oscar Antonena.

La causa de la denuncia fue el pago realizado a los integrantes del Poder Legislativo. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la resolución dictada por Antonena el 2 de marzo de 2020 para hacer este pago selectivo no tenía fundamentos y que se decidió arbitrariamente el pago completo a estos trabajadores, sin importar el rango, el mismo día.

El MPF agregó que esta resolución “importa el ejercicio abusivo de la facultad delegada en cabeza del Ministro de Economía Provincial, en tanto no determina ni modifica los rangos de pago del haber público (por el mismo ministro ya fijados con anterioridad), ni la cuantía de los mismos, sino que se limita a modificar, adelantándola en forma exclusiva, la fecha de pago de los rangos 3 y 4 de los empleados del Poder Legislativo, incluyendo en los hechos a la totalidad de los empleados y funcionarios de dicho poder; en desmedro de los titulares del haber público correspondientes al tercer y cuarto rango de la Administración Pública Central y del Poder Judicial, con excepción de los organismos autárquicos y autofinanciados expresamente excluidos por disposición del mismo decreto 1080/19".

También expresaron que “la resolución dictada con abuso de las facultades conferidas, en contra del texto expreso del decreto 1080/19, y sin expresión de fundamentos que la justifiquen, resulta violatoria del principio de igualdad", previsto por el artículo 16 de la Constitución Nacional y el 6 de la Constitución Provincial del Chubut, además de varios otros.

La víctima en la investigación sería la Administración Pública Provincial, representada por el Fiscal de Estado, "en tanto que el bien jurídico protegido es el correcto y normal funcionamiento de la Administración Pública Provincial".

En forma indirecta, resultan agraviados también todos los empleados públicos provinciales comprendidos en los rangos 3 y 4, conforme a las resoluciones dictadas en el marco de la emergencia económica, y las respectivas asociaciones que los nuclean.