Hay 9 imputados en la causa por intoxicación en la escuela 93 de El Maitén

Durante la mañana de este jueves, la Oficina Judicial de Rawson fue testigo del “no” inicio de apertura de investigación para ex funcionarios del Ministerio de Educación y de Infraestructura, tras lo sucedido con la intoxicación de alumnos en la escuela 93 de El Maitén. 

El fiscal Omar Rodríguez manifestó que "comenzó la audiencia, lo primero que se hace es individualizar a las personas que están presentes, algunas de manera física y otras conectadas de manera webex, ya que tienen domicilio en la zona de la Cordillera y otras dos personas con domicilio fuera del país. Una de ellas estaba ausente, ayer miércoles habían hecho la conexión y se habían notificado fehacientemente del comienzo de la audiencia de hoy”. 

“Al no haber justificación respecto de por qué no estaba conectada, pedí que se lo declare rebelde y le pedí a la jueza que dentro de las 72 horas si no aparece a fin de constituir un domicilio o se comunica de manera fehaciente donde está, voy a pedir la captura internacional para que se lo traiga porque indudablemente hay indicios de que se va a fugar o no va a comparecer ante el llamado", indicó el funcionario judicial. 

El fiscal explicó que la audiencia tiene que ver con "un direccionamiento de la obra pública, en donde tiene os vertientes de dos ministerios distintos, uno es Educación y el otro es Infraestructura. Desde allí los funcionarios, con la complicidad de los particulares, lo que hacían es un armado de un expediente administrativo para que aparezca como que estaban cumpliendo la ley, pero en realidad lo que hacían era direccionar la obra en favor de la persona que está imputada que es de la zona de la cordillera".

Finalmente, lo que sucedió es que "no se pudo hacer la audiencia de apertura porque la abogada de una de las imputadas, de la subsecretaria Carpio, presentó un postulado de incompetencia en donde ella argumentó respecto de que la jueza Karina Breckle no puede continuar porque el hecho se habría cometido en la Cordillera, por lo tanto, tiene que actuar un juez de allá. Nosotros planteamos que no, que el perjudicado es el Estado provincial, los hechos se cometieron desde acá. La cuestión va a ser resuelta la semana que viene".