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06 de Febrero de 2023
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La Justicia ordenó que las escuelas de la cordillera estén en condiciones para empezar las clases

El camarista Claudio Petris le exigió al Gobierno garantizar clases sin suspensiones que “afecten el derecho de educación de niños, niñas y adolescentes”.

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La Justicia hizo lugar a un amparo del Ministerio de la Defensa Pública y le ordenó al Gobierno provincial que todas las escuelas de la Zona I (Las Golondrinas) y III (Esquel) se encuentren en condiciones edilicias para iniciar el inicio del ciclo lectivo 2023 con normalidad. El camarista Claudio Petris exigió al Gobierno garantizar clases sin suspensiones que “afecten el derecho de educación de niños, niñas y adolescentes”.

 

Según indica Diario Jornada, el amparo colectivo lo presentó el asesor de Familia Hugo Sánchez, que pidió que el Ministerio de Educación cumpla como mínimo con 180 días efectivos de clases. Incluyó 43 escuelas de Nivel Primario y Medio de Esquel, Gualjaina, Lago Futalaufquen, Costa del Lepá, Cerro Centinela, Lago Rosario, Aldea Epulef, Río Percy, Sierra Colorada, Piedra Parada, Costa del Chubut, Ranquil Huao, Ñorquinco Sur, Buenos Aires Chico, Lago Puelo, Las Golondrinas, Cushamen, Paraje El Coihue, Fofo Cahuel, Cholila, El Hoyo, Villa Lago Rivadavia, El Cajón, El Maitén y Epuyén.

 

Recordó que en 2022 hubo varias suspensiones de clases por problemas de infraestructura. El año pasado “sería el quinto año consecutivo en que Chubut no se cumple con los 180 días que la ley prevé como mínimo”. En 2018 hubo paros por el pago escalonado de salarios; en 2019 no se completó el ciclo lectivo mínimo y en 2020 y 2021 por la pandemia se suspendieron las clases presenciales y la modalidad virtual fue, según la Defensa Pública, casi inexistente, por medidas de fuerza o falta de conectividad.

 

En 2022 continuaron los reclamos gremiales pero además hubo suspensiones por mal clima, falta de transporte y problemas estructurales en las escuelas.

 

En las regiones I y III todas las escuelas afectadas no tuvieron una respuesta adecuada del Estado. Según la Defensa, “el Poder Ejecutivo no accionó lo suficiente ni hizo cumplir la normativa lo que constituye actos y omisiones que lesionan el derecho a la educación”, reclamó.

 

El amparo aseguró que “el estado actual de la educación en las Regiones I y III, es mucho más grave aún que lo que el informe alcanza a mostrar”.

 

Al decidir, el juez Petris coincidió con el “grave problema educacional” de Chubut desde 2018. El Covid-19 agravó el escenario del pago escalonado y los paros.

 

Se intentó la modalidad virtual, “con todas las dificultades que provocaría, siendo el principal el de la conectividad. No todas las zonas y las escuelas ni los alumnos tienen conexión ni acceso. Tampoco computadora, notebook, celular, etcétera”.

 

El magistrado consideró reconocido y probado que en 2022 hubo inconvenientes que impidieron a Chubut cumplir con los 180 días.

 

Pese a que el Estado aseguró haber cumplido con los 180 días instaurando el classroom, “se sabe que su acceso y disponibilidad no son universales -contrapuso el camarista-. No hay internet en todas las zonas (menos aún en las rurales) y de haber, no todos los alumnos tienen la posibilidad económica de su acceso. Habría que ver si todos los niños tienen los medios tecnológicos y si están instruidos para utilizarlos”.

 

El Ministerio admitió que donde no hubo internet se usaron fotocopias o cuadernillos. “Es decir –interpretó el juez- que hubo zonas en la provincia donde el plan de contingencia programado para suplir la actividad presencial no pudo ser resuelta a través del classroom. Por ende, niños y adolescentes que asistían a escuelas donde suspendieron las clases no tuvieron ni presenciales ni por internet”.

 

El fallo concluyó que la Provincia “no pudo cumplir de modo efectivo y adecuado con una educación de buena calidad ni universal”.

 

“Muchos niños quedaron desamparados desde que no se les garantizó el derecho a la educación y lo que es peor, muchos quedaron en desigualdad de condiciones en relación a otros donde el cumplimiento del ciclo lectivo no resultó tan caótico”.

 

Petris aclaró que el tiempo de aprendizaje y de formación es determinante en niños y adolescentes. “Lo que no se pudo desarrollar en los primeros años afectará con posterioridad. Y así ocurrirá en todas las instancias de escolaridad”.

 

La discontinuidad pedagógica afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje, y el vínculo con la escuela y con el docente. “Pienso también en la construcción de los hábitos y en la organización familiar. Enseñar y aprender requiere no sólo enunciarlo, sino abordarlo desde diferentes estrategias, aplicarlos en nuevos conocimientos, proceso que no imagino cómo puede lograrse con el alumno fuera del aula”.

 

“Ni hablar otras facetas importantes que también se espera de la instancia escolar: el encuentro con el `otro´. Salir del entorno familiar para enriquecerse con otro modo de ver y de pensar”, dice la sentencia.

 

El fallo agregó las escuelas donde los chicos desayunan y almuerzan. Y recordó que es la institución donde docentes, personal no docente y directivos, “suelen detectar el maltrato o abuso infantil con la obligación de denunciar los hechos y poner en marcha los mecanismos y protocolos para su tratamiento por lo que, la falta de clases presenciales seguramente afectó en gran medida esta faceta del alumnado o la posible prevención del daño a su integridad psicofísica”.

 

“La excusa de los problemas edilicios parece insuficiente. No porque no crea que no existieran, pero el Estado debe prever en el receso la reparación y readecuación de las instituciones, máxime cuando el problema edilicio fue una de las circunstancias que produjeron la discontinuidad”. En este sentido, “hay escuelas que evidencian una total desidia y despreocupación por sus estados ya que sus reparaciones pudieron preverse de antemano”.

 

“Es inentendible –remarcó Petris- que el Estado provincial no dedique eficientemente los recursos económicos y el tiempo de receso escolar en reacomodar, reparar y acondicionar los establecimientos”.

 

El juez tuvo en cuenta los resultados de la prueba “Aprender 2021” que evaluó a niños de 6° grado en Lengua y Matemática.

 

En Lengua “empeoró considerablemente en 2021 respecto a las evaluaciones anteriores y contrarrestó el avance generado de 2016 a 2018”.

 

El porcentaje de estudiantes en los niveles de más bajo desempeño fue de 33,2% en 2016; 20,4% en 2018 y 44,3% en 2021.

 

Y el desempeño de los estudiantes del ámbito rural “retrocedió marcadamente en 2021”.

 

“Existe una muy pronunciada diferencia de desempeño según el nivel socioeconómico de los estudiantes. El conjunto de peor desempeño (por debajo del nivel básico y Básico) entre los estudiantes NSE bajo asciende al 69,4%, mientras que apenas el 30,6% pertenece al grupo de mejor desempeño (Satisfactorio y Avanzado)”.

 

 

Fuente: Diario Jornada

 

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