En diálogo con Red43, Silvia De los Santos, abogada representante de los feriantes de Trevelín, expuso las preocupaciones que genera la municipalización de la feria local, una acción que viene generando controversia y tensiones en la comunidad.
Según De los Santos, en noviembre del año pasado se dictó la Ordenanza 2236, la cual implicó la transferencia de la feria, que antes operaba de manera autónoma y autogestiva, completamente a manos del municipio. Esta medida condujo a una serie de cambios significativos, incluyendo la entrega de bienes como estructuras para puestos y dinero en efectivo al municipio, así como la imposición de nuevos requisitos para acceder a puestos fijos en la feria.
Uno de los requisitos controvertidos introducidos por la municipalidad es la necesidad de contar con domicilio real en Trevelin para obtener un puesto fijo en la feria. Esta medida, según De los Santos, excluye a personas que han sido parte integral de la feria durante años, incluyendo a aquellos que residen en comunidades vecinas o incluso a visitantes extranjeros.
La abogada también señaló que la municipalización restringe la representación de los feriantes en los órganos de dirección de la feria, dejando a un número reducido de personas en condiciones de acceder a estos roles, lo cual genera descontento y sensación de exclusión entre los afectados.
De los Santos afirmó que la ordenanza municipal presenta numerosas ilegalidades y es inconstitucional, ya que se realizó sin consulta previa a los feriantes y sin tener en cuenta el espíritu original de la feria como un espacio autogestivo y comarcal.
A pesar de los esfuerzos por impugnar la ordenanza a través de una acción de amparo, esta fue rechazada por el juez Petris, quien argumentó que no se acreditó un daño suficiente. Sin embargo, De los Santos sostiene que la acción de amparo se basa en la lesión a los derechos de los feriantes debido a la ilegitimidad manifiesta de la ordenanza.
Ante este revés judicial, De los Santos anunció planes para apelar la decisión y llevar el caso ante el Superior Tribunal, buscando la suspensión de la aplicación de la ordenanza mientras se resuelve el proceso legal. El objetivo final es que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza y se devuelvan los bienes a la feria, permitiendo que vuelva a funcionar como un espacio autogestivo y comarcal, en línea con su tradición y espíritu original.
O.P