Una disputa entre dos parejas que compartían un mismo terreno en El Bolsón llegó a la Justicia de Paz y terminó con una resolución que ordena devolver una vivienda en un plazo de 45 días. El conflicto comenzó por diferencias en el uso de los espacios comunes, el funcionamiento de un taller de carpintería y el estado de la casa prestada, pero con el paso de las semanas la relación se deterioró hasta requerir la intervención judicial.
La vivienda había sido entregada mediante un contrato de comodato, una modalidad que permite prestar un inmueble para su uso gratuito. Los propietarios y las personas que la ocupaban tenían sus respectivas casas dentro del mismo predio, aunque las diferencias sobre las condiciones del acuerdo fueron sumando motivos de enfrentamiento.
Según la presentación realizada ante la Justicia, los ocupantes utilizaban espacios que no estaban contemplados en el contrato, entre ellos un galpón donde uno de ellos desarrollaba trabajos de carpintería. También se cuestionó que dejaran abierto el portón de acceso, situación que permitía el ingreso de perros ajenos al terreno. A esos reclamos se sumaron denuncias por el estado de la vivienda, donde se habrían registrado goteras, pérdidas y otros desperfectos.
De las diferencias a las cartas documento
La disputa escaló hasta un intercambio de cartas documento. Los propietarios comunicaron que daban por terminado el comodato y exigieron la devolución de la casa.
La pareja que vivía allí presentó otra versión durante una audiencia judicial. Sostuvo que inicialmente mantenían una relación cordial con los propietarios, pero que la situación cambió cuando comenzaron a exigirles que abandonaran el inmueble.
La mujer manifestó que no estaba de acuerdo con la rescisión del contrato y explicó que no tenía recursos económicos suficientes para afrontar un alquiler. También planteó las dificultades para encontrar otra vivienda debido a que tenían mascotas.
El juez analizó las condiciones del comodato y encontró que una de sus cláusulas habilitaba a los propietarios a terminar el préstamo antes de su vencimiento mediante una notificación fehaciente. Sin embargo, el documento no precisaba cuánto tiempo tenían los ocupantes para entregar la propiedad.
Ante esa falta de definición, el magistrado intentó acercar posiciones mediante distintas audiencias para acordar una fecha de devolución y establecer pautas de convivencia. Sin embargo, no hubo entendimiento entre las partes.
Uno de los elementos incorporados al expediente fueron conversaciones de WhatsApp que permitieron observar el deterioro del vínculo en pocas semanas. Para el juez, el tono de los mensajes reflejaba una escalada del conflicto y un riesgo de que se produjeran enfrentamientos más graves.
Qué resolvió el juez de Paz
En su resolución, el magistrado reconoció el derecho de los propietarios a rescindir unilateralmente el contrato, pero también tuvo en cuenta la situación de quienes debían dejar la vivienda. Consideró razonable otorgarles un período para conseguir otro lugar donde instalarse, dado que se trataba de un préstamo gratuito y no de una ocupación sin acuerdo previo.
Finalmente, estableció un plazo de 45 días corridos desde la notificación de la sentencia para devolver la casa, libre de ocupantes y en las condiciones acordadas.
Para determinar ese período tomó como referencia el plazo que los propios propietarios habían mencionado en una carta documento. No obstante, descartó utilizar directamente la fecha de esa comunicación porque contenía errores formales y referencias equivocadas al contrato.
La resolución también fijó condiciones para evitar nuevos problemas durante el tiempo que reste hasta la mudanza. Cada pareja deberá utilizar exclusivamente el portón correspondiente a su vivienda y quienes tienen que retirarse deberán mantener cerrado el suyo.
Además, se prohibió provocar daños en las construcciones, los cercos y los accesos, y se ordenó preservar las condiciones de habitabilidad de la casa prestada.
Las disposiciones alcanzan también a familiares y otras personas vinculadas con ambas parejas. Las restricciones estarán vigentes hasta que se cumpla el plazo establecido para la restitución del inmueble.
De esta manera, la Justicia de Paz de El Bolsón puso una fecha límite a un préstamo de vivienda que terminó en una disputa por la convivencia y el uso de un mismo terreno. De todos modos, el fallo corresponde a una sentencia de primera instancia y todavía puede ser apelado.
O.P.