La Dra. Claudia Garitano, presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, y el Dr. Esteban Rimoldi encabezaron el viernes 13 de noviembre la apertura del 2° Congreso Patagónico de Derecho Público, Administración Pública y Actualidad. El encuentro se realiza en el Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar.
Acompañaron la apertura el vicepresidente del Concejo Deliberante, Gustavo Javier Gallardo, y los concejales Emilia Johana Méndez, David Sasushi Arakawa, Diana Sbil Maripán, Facundo Nahuel Pais, Marisol Anahí Salazar y Alin Tegid Evans. Por el Ejecutivo municipal participaron el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, el secretario de Cultura y Educación, Gustavo de Vera, y la coordinadora de Protocolo, Silvana Ríos Jacobsen.
La primera jornada abrió con un panel sobre soberanía jurídica y recursos naturales a partir del caso YPF, con la participación de Antik, García Pullés, Said y Weder. García Pullés y Cremonte abordaron las distintas formas de trabajo y su protección legal, mientras que Gil Domínguez y Antik disertaron sobre inteligencia artificial, plataformas y derechos humanos. El último panel del viernes estuvo a cargo de Porto y Santangelo, quienes trataron la regulación y la desregulación en materia de libertad de expresión, libre comercio y competencia.
El sábado 14 de noviembre, Sabsay y Salvatelli abordarán el poder público, las garantías y los derechos constitucionales, así como la responsabilidad del Estado. Said y Rotaeche disertarán sobre el Estado liberal y social de derecho y los debates en torno a la regulación y la desregulación. Weder y Namer analizarán la actividad administrativa, su legalidad, eficacia y control jurisdiccional. El último panel reunirá a Menna y Giacomone para tratar el federalismo, el papel de las instituciones y la regulación de la explotación de los recursos naturales.
Acompañar este congreso desde la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes expresa una convicción política: las decisiones sobre el trabajo, los recursos naturales y las nuevas tecnologías deben tener como punto de partida los derechos de quienes viven y trabajan en nuestro territorio. Allí se juega el sentido del derecho público, en la capacidad de un Estado presente para hacer efectivas las garantías constitucionales, defender el interés colectivo y asegurar que el desarrollo se traduzca en bienestar para toda la comunidad.