El Ministerio Público Fiscal sorteó favorablemente el control de la acusación pública y pasó a etapa de juicio la investigación que se sigue por una presunta usurpación ocurrida el 6 de noviembre de 2025 en un establecimiento rural de Gualjaina.
Mientras la defensa alega un acto de recuperación de territorio ancestral mapuche, la Fiscalía sostiene que las cuatro personas individualizadas incurrieron en el tipo penal de usurpación al ingresar rompiendo candados de la tranquera y produciendo daños en las puertas de la vivienda principal.
La acusación pública fue presentada el 4 de septiembre de 2026 por la Fiscal General María Bottini y el Procurador de fiscalía Ismael E. Cerda.
Este jueves se realizó la audiencia preliminar y luego de ser integralmente admitida la acusación de la Fiscalía y no haber objeciones a la prueba ofrecida por ambas partes, el juez dictó el auto de apertura a juicio. En los próximos días se realizará el sorteo del tribunal unipersonal y se fijará fecha de debate.
La Fiscalía acusó a cuatro personas por la presunta comisión del delito de usurpación en calidad de coautores, en relación a un establecimiento ubicado en el ejido municipal de Gualjaina.
De acuerdo a la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2025, alrededor de las 07:30 horas, cuando los imputados ingresaron de manera violenta y clandestina al predio, destruyendo sistemas de seguridad, cadenas y aberturas, con la intención explicita de asentarse de forma permanente invocando derechos sobre tierras ancestrales.
La Fiscalía fundamenta la acusación en registros fílmicos, peritajes técnicos, actas de allanamiento y testimonios.
Asimismo, el Ministerio Público Fiscal postula el sobreseimiento de los imputados respecto al delito de robo, imputado al formalizar la investigación, por el beneficio de la duda ya que no encontró evidencias de la existencia previa en el lugar de una motosierra y una amoladora que habían sido denunciadas como faltantes.
Como pretensión punitiva, la Fiscalía indicó que solicitaría en el debate una pena de dos años de prisión de ejecución condicional para cada uno de los acusados.
El MPF invoca el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (mayo de 2026) que ratificó la condena del Superior Tribunal de Justicia en una causa de Bariloche, sentando la doctrina de que los reclamos originarios no pueden encauzarse mediante vías de hecho u ocupaciones, sino por las vías institucionales legalmente preestablecidas.