La jueza de garantías Laura Martini imputó del delito de lesiones graves culposas a una licenciada en obstetricia del Hospital de Rawson por haber sido autora de una presunta mala práctica médica al colocarle un dispositivo anticonceptivo subdérmico a una mujer de 22 años de edad y madre de una niña.
La solicitud de apertura de investigación del caso con la enumeración de las pruebas y evidencias con las que se cuentan hasta el momento, fue realizada por la abogada de fiscalía Daiana Sandoval en representación de la Fiscalía de Rawson. El fiscal general a cargo de la investigación, es Leonardo Cheuquemán Levill.
La práctica médica se produjo el 20 de marzo pasado cuando V.T. concurrió al hospital capitalino con el objetivo de realizarse esa práctica anticonceptiva. La profesional a cargo de la colocación del dispositivo subdérmico, L.R., habría “actuado con negligencia al momento de la colocación de una sustancia hasta el momento desconocida”, en lugar de lidocaina, la anestesia usada habitualmente.
Lo ocurrido produjo en la paciente una necrosis en su brazo izquierdo que obligó a una posterior intervención médica para retirarle el dispositivo anticonceptivo que se le había colocado.
En la audiencia la víctima dijo que lo ocurrido, afectó los trámites y exámenes médicos que se estaba realizando para ingresar a la Policía de la Provincia, además de otras consecuencias personales respecto de su relación con los profesionales médicos.
El abogado Emilio Galende, en carácter de codefensor de la imputada, no se opuso a la apertura de la investigación y tampoco opuso reparos a la imputación escogida por la representante de la Fiscalía de Rawson.
La abogada de fiscalía Sandoval dio cuenta ante la jueza Martini, de las pruebas y evidencias con las que se cuentan hasta el momento entre las que se destacan, historias clínicas, informes forenses, testimonios de profesionales del Hospital de Rawson, de médicos forenses y familiares de la víctima, además de otras pruebas recogidas en un allanamiento realizado en ese nosocomio, a posteriori de los hechos ahora investigados.
Ante la falta de objeciones de los defensores de la profesional imputada, la jueza Martini dejó abierta la investigación por el plazo legal de seis meses e instó a la las partes en acordar alguna solución alternativa para la resolución del caso.