La reglamentación de la Ley I N.º 790, conocida como Ley Salomé, estableció cómo se distribuirán las responsabilidades entre las áreas de Salud y Producción para el funcionamiento del sistema provincial de cannabis medicinal y cáñamo industrial. El esquema diferencia la atención de los usuarios con fines terapéuticos de la regulación de las actividades comerciales.
Por un lado, la Secretaría de Salud tendrá a su cargo el Registro de Usuarios de Cannabis de Chubut (REUSCCH), donde se organizarán las distintas modalidades de acceso al cannabis medicinal. El sistema contempla el autocultivo, el cultivo a través de terceros y la participación de asociaciones y fundaciones que acompañan a pacientes y familias.
La cartera sanitaria también deberá supervisar las condiciones de acceso y el seguimiento de los tratamientos, en coordinación con los demás organismos que participan de la implementación de la ley.
Una agencia concentrará las licencias y los controles comerciales
La otra parte del esquema quedará bajo la órbita del Ministerio de Producción, a través de la Agencia Chubutense de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal (ACCICANN). Se trata de un organismo descentralizado que tendrá a su cargo la regulación y fiscalización de las actividades productivas.
Entre sus principales atribuciones estará el otorgamiento de licencias y autorizaciones para las distintas etapas de la cadena: cultivo, producción, almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de cannabis medicinal y cáñamo industrial.
Las habilitaciones provinciales serán necesarias para las personas jurídicas que busquen desarrollar estas actividades, que también deberán cumplir con los requisitos establecidos por la normativa nacional. Según la reglamentación, las licencias tendrán una vigencia mínima de cinco años, un plazo que apunta a brindar previsibilidad a los proyectos productivos.
La agencia también tendrá responsabilidades vinculadas con el seguimiento de la actividad y la trazabilidad de los productos, mediante un sistema digital que deberá implementar junto con la Secretaría de Salud.
Qué pasará con el dinero de las multas
Uno de los aspectos económicos del nuevo esquema está relacionado con los recursos que recibirá la ACCICANN para sostener su funcionamiento. Además de las partidas presupuestarias que se le asignen, la normativa contempla que el organismo retenga el 60% de lo recaudado por multas aplicadas ante infracciones al régimen productivo y comercial.
De esta manera, una parte de los fondos provenientes de las sanciones quedará directamente destinada a la agencia encargada de controlar el sector. El mecanismo se incorpora al sistema de fiscalización de una actividad que abarca desde la producción hasta la comercialización.
La reglamentación del Decreto N.º 1680/2026 completa así el marco institucional de la Ley Salomé, sancionada por unanimidad en la Legislatura provincial en septiembre de 2024. Su implementación será progresiva y requerirá disposiciones complementarias de los organismos responsables.