La jueza de garantías Karina Breckle se tomó el plazo legal para resolver los cuestionamientos que cuatro defensores le hicieron a la pieza acusatoria presentada por el fiscal general Omar Rodríguez en un proceso penal relacionada con sobreprecios en las contrataciones para reparar 16 escuelas de la cordillera provincial y que tiene como imputados a contratistas particulares y funcionarios públicos del Chubut.
Los abogados Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti y Nelly García hicieron observaciones realizando cuestionamientos formales acerca de la acusación, descripción de los hechos y roles de los imputados que constan en esa pieza de importancia para la elevación del caso a juicio oral y público. Los profesionales solicitaron la nulidad de la acusación para evitar que el caso siga adelante en procura del esclarecimiento de lo ocurrido, argumentando que “se viola el legítimo derecho de defensa”.
El fiscal general Rodríguez consideró que en realidad lo que se pretende es “enmascarar” delitos penales como errores administrativos. Dijo que “los delitos de corrupción se entremezclan con normas administrativa con el objetivo de enmascarar delitos penales. Los imputados tenían relaciones con altos funcionarios del Estado, ministros y diputados que no están sentados acá porque no alcanzaron las pruebas reunidas”, indicó. Agregó que “en esta provincia se direccionaban las obras públicas por las relaciones y los vínculos, por razones de amistad o militancia”.
La investigación
La investigación abarca contrataciones directas gestionadas desde el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Educación para reparar instalaciones de gas, baños y otras obras en dieciséis escuelas de la comarca andina, entre ellas establecimientos de El Maitén, Cushamen, El Hoyo, Epuyen, Lago Puelo, Ñorquinco y Cholila.
De acuerdo con la acusación, los proveedores Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León confeccionaban ellos mismos los presupuestos oficiales y las memorias descriptivas de los trabajos a realizar. Los responsables de cada área invitaban a cotizar a otros oferentes que sabían de antemano que no se presentarían, de modo que Cottet o Ponce de León quedaban como únicos postulantes en cada compulsa de precios. Mensajes de WhatsApp secuestrados en los teléfonos de los imputados exponen acuerdos previos sobre qué establecimiento le correspondía a cada proveedor, además de ajustes de fechas y formatos para dar apariencia de legalidad a los expedientes administrativos.
Entre las obras alcanzadas se encuentra la de la Escuela N° 93 de El Maitén, donde en 2022 se produjo una intoxicación con monóxido de carbono que afectó a alumnos y personal docente, hecho que había motivado la denuncia penal del entonces gobernador Mariano Arcioni.
Los imputados son Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Leonardo Chacón, Claudio Márquez, Gustavo Barauna y Rocío Silva Preciado, quienes se desempeñaban como funcionarios públicos al momento de los hechos, junto con Cottet y Ponce de León. La fiscalía calificó las conductas como defraudación por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado, en concurso ideal con negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La pretensión punitiva solicitada varía entre dos y tres años y seis meses de prisión efectiva según el rol de cada acusado, con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los casos de quienes ocupaban funciones estatales. El expediente continuará su trámite hacia la etapa de juicio oral y público ante un tribunal mixto.