El exjefe de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio Oeste quedó formalmente imputado por presunta malversación de caudales públicos, a partir de una acusación por el uso de una tarjeta municipal de combustible durante un viaje a Buenos Aires realizado mientras se encontraba de licencia. La Fiscalía sostiene que los consumos no contaban con autorización municipal, mientras que la Defensa Pública rechazó esa interpretación.
Según explicó el fiscal Gustavo Arbues durante la audiencia, el hecho investigado habría ocurrido entre el 20 y el 28 de diciembre de 2025. Durante ese período, el entonces jefe de Tránsito habría utilizado la tarjeta YPF en Ruta que tenía asignada por sus funciones para afrontar cargas de combustible vinculadas con un viaje particular.
La Fiscalía encuadró provisoriamente la conducta en el delito de malversación de caudales públicos, en calidad de autor, conforme a los artículos 45 y 260 del Código Penal.
La denuncia y los consumos bajo investigación
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de febrero de 2026 por la Secretaría de Gobierno de San Antonio Oeste y ampliada el 20 de agosto. En esa presentación se detallaron las funciones que cumplía el imputado, el funcionamiento del sistema YPF en Ruta y las circunstancias en las que fueron detectados los consumos mientras se encontraba de licencia.
Entre los elementos incorporados por la Fiscalía figuran una nota dirigida a Capital Humano con el detalle de fechas, lugares y horarios de las cargas, los tickets presentados después del viaje y la solicitud de licencia realizada ante Recursos Humanos. También se incorporó una planilla de gastos correspondiente al período comprendido entre el 20 y el 29 de diciembre de 2025, por un total de $359.707,01.
La acusación también incluyó documentación sobre la estructura municipal, un informe del Registro de la Propiedad Automotor respecto del vehículo utilizado y la resolución de la Junta de Calificación y Disciplina que dispuso la cesantía del agente luego del procedimiento administrativo.
Qué planteó la Defensa Pública
La Defensa Pública, representada por Carlos Dvorzak y el adjunto Adrián Zimmermann, se opuso a la formulación de cargos.
Durante la audiencia, el imputado explicó que había viajado a Buenos Aires para trasladar dos aparatos pertenecientes a su área que necesitaban ser calibrados. También sostuvo que era habitual utilizar su vehículo particular para tareas vinculadas con sus funciones y reconoció haber utilizado una aplicación para realizar las cargas de combustible.
Dvorzak cuestionó además que no exista documentación que, según sostuvo, permita acreditar el supuesto rechazo previo del pedido de comisión para realizar el viaje. La defensa también planteó que los consumos fueron posteriormente descontados de los recibos de sueldo del imputado.
Sobre esa base, sostuvo que no existió perjuicio económico para el Estado y que los elementos presentados no permiten configurar la comisión de un delito. Esta postura se contrapone con la teoría sostenida por la Fiscalía, que investiga el uso de fondos municipales para solventar los consumos cuestionados.
Cuatro meses para avanzar con la investigación
Finalmente, el juez de Garantías Fabio Corvalán tuvo por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses para la investigación penal. Durante ese período, la Fiscalía y la Defensa podrán avanzar con sus respectivas teorías del caso y reunir nuevos elementos vinculados con el uso de la tarjeta municipal y las circunstancias en las que se realizaron los consumos.
La formulación de cargos no implica una declaración de culpabilidad. La investigación continuará ahora bajo control judicial mientras las partes desarrollan sus planteos y reúnen la prueba correspondiente.
O.P.