Una vecina de Viedma sufrió operaciones fraudulentas luego de comunicarse con un supuesto canal de atención al cliente de Naranja X. Tras el contacto, delincuentes accedieron a sus datos y realizaron transferencias y movimientos en sus cuentas.
La mujer acudió a Defensa del Consumidor, que inició una investigación y solicitó a Tarjeta Naranja información sobre los movimientos registrados, los mecanismos de seguridad y las alertas vigentes al momento del fraude.
La empresa recibió una prórroga para presentar la documentación, pero no respondió dentro del plazo establecido. Por ese motivo, el organismo provincial aplicó una multa por incumplir las obligaciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor.
Tarjeta Naranja apeló la sanción y argumentó que el fraude había sido cometido por terceros y que la información finalmente había sido entregada, aunque fuera de término.
La Justicia rechazó el planteo y aclaró que el expediente no buscaba determinar si la empresa era responsable del fraude, sino establecer si había cumplido con su obligación de colaborar con la autoridad administrativa.
El tribunal confirmó la multa, equivalente a cuatro canastas básicas totales para el Hogar 3, y sostuvo que la compañía debía entregar la información requerida dentro de los plazos fijados.
R.G