El Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Martín Robertson, dio inicio formal a la investigación penal por impedir el acceso y la delimitación de un terreno. El juez rechazó la oposición de la defensa y dispuso una medida cautelar para permitir el ingreso y los trabajos de alambrado.
En una audiencia celebrada este lunes, se formalizó la apertura de una investigación penal preparatoria por la presunta comisión del delito de usurpación, en la modalidad de turbación de la posesión. La causa se inició a partir de una denuncia que dio cuenta de reiterados bloqueos de acceso y situaciones de intimidación que impidieron a la propietaria de un inmueble realizar tareas de demarcación y cerramiento en su terreno.
Durante la audiencia, el fiscal Martín Robertson fundamentó el pedido de apertura de la investigación al detallar la plataforma fáctica. Según la descripción del Ministerio Público Fiscal, las situaciones de conflicto se registraron durante el año pasado, cuando se impidió en al menos dos oportunidades el ingreso de la denunciante, sus familiares y el personal contratado para realizar trabajos de delimitación y alambrado. La Fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como usurpación en coautoría.
Por su parte, la defensa técnica se opuso al inicio de la investigación y al dictado de medidas cautelares, argumentando fallas en la precisión del relato de los hechos y sosteniendo que la disputa responde a un conflicto histórico de límites y derechos posesorios de índole civil y administrativo, planteado sobre tierras fiscales linderas.
Tras escuchar a las partes y recibir las aclaraciones sobre las características geográficas de la zona —que establecen que el único acceso vial al terreno en cuestión requiere atravesar el lote lindero—, el juez resolvió rechazar el planteo defensivo. Precisó que, para la etapa inicial del proceso penal, la ley exige únicamente una enunciación clara e individualizada de los hechos y la calificación legal provisoria, reservando mayores exigencias probatorias para eventuales etapas posteriores del juicio.
Medida cautelar y derecho de paso
Asimismo, el magistrado hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía con el fin de resguardar los derechos de la denunciante mientras se desarrolla el proceso. En ese sentido, dispuso que se garantice una servidumbre de paso que permita el libre tránsito hacia la propiedad afectada, autorizando la realización de los trabajos de amojonamiento y alambrado exclusivamente sobre los límites correspondientes al título de propiedad acreditado.
La resolución judicial fijó límites precisos a la medida, aclarando que no autoriza modificaciones ni cierres sobre las áreas que actualmente son objeto de trámites y disputas administrativas. Finalmente, el juez exhortó a las partes y a los profesionales intervinientes a coordinar las tareas de delimitación en el terreno de manera pacífica, sin perjuicio del eventual uso de la fuerza pública en caso de incumplimiento de lo ordenado.
MA