Chile: por qué continúan las protestas

Es la primera vez desde el final del gobierno de Pinochet en que se declara toque de queda en Chile. Las víctimas de las jornadas de protesta en el país ya ascienden a 15, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Además, hay varios heridos con riesgo vital, 653 ingresados de urgencia en hospitales y miles de personas encarceladas.

El toque de queda aumenta los miembros del ejército desplegados en las calles, que ya eran 500 en la mañana del sábado. Se declaró estado de emergencia en 10 regiones del país y el gobierno autorizó el despliegue de militares en zonas en que rige la situación excepcional.

El presidente decidió dar marcha atrás con el aumento del transporte público, pero aún así las protestas continúan. El sistema de transporte se creó con la idea de ser un transporte público sustentable y sin subsidios, pero no funciona así: en los primeros meses, el cobro del sistema no funcionaba; el diseño y la implementación fueron ineficientes, las esperas eran demasiado largas y había muchas demoras en los viajes. Aunque se invirtieron millones, la red nunca pudo funcionar como se debe. Aún así, antes del aumento, el transporte de Chile ya era el noveno más caro en una encuesta realizada en 56 países del mundo, en función del ingreso medio y, pese a esto, sigue siendo un sistema deficitario.

Más allá del aumento, los chilenos mostraron su descontento por varios otros temas, por ejemplo, el sistema de pensiones. Este ha sido muy criticado y defendido por distintos bandos. Cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión en el momento de su jubilación: sin embargo, se ha dicho que el modelo no entrega pensiones dignas y que colabora con el desequilibrio de la riqueza en el país. En 2016, ya se habían manifestado 600,000 personas a este respecto. Actualmente, hay una reforma propuesta en el Parlamento.

Otro de los temas más controversiales es el sistema de salud. El modelo de atención es mixto: hay un seguro nacional, llamado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y otro privado, llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsionales). El 80% de las personas están asociadas al sistema nacional, mientras que solo el 20% puede abonar el privado. En el sistema público, faltan hospitales y médicos, y las listas de espera son extremadamente largas. En el privado, el problema son los enormes aumentos de precios y el acceso restringido a ciertos centros.

En 1981, otro tema grave muy debatido fue el Código de Aguas, que permite que los dueños de terrenos privados puedan tener derechos permanentes sobre el agua. Se dice que los privados hacen un aprovechamiento tan abusivo que terminan por desabastecer al resto de la población. Es el único país del mundo que mantiene privatizadas las fuentes de agua desde la dictadura: los empresarios pueden venderla, comprarla o alquilarla.

Otra de las famosas demandas, ya más reciente, es la del pedido de la educación: el movimiento estudiantil pide la gratuidad y la mejora de los programas. Actualmente, el 60% de la población accede a la educación superior gratuita, pero aún hay mucho por mejorar. La educación superior depende de una preselección y las personas que logran pagar una mejor educación básica en escuelas privadas tienen mucho mayor acceso.

Finalmente, otro de los temas protagonistas en Chile es el de los abusos y la corrupción. Algunos de los escándalos son acerca de tratos entre compañías para fijar los precios de productos, evasión de impuestos y otros acuerdos en instituciones públicas y privadas. Una de las mayores crisis fue en 2008, cuando se descubrió que tres cadenas farmacéuticas decidieron, en conjunto, aumentar los precios de 222 medicamentos, la mayoría, destinados al tratamiento de enfermedades crónicas. Algo similar ocurrió con dos compañías de papel higiénico. Entre 2014 y 2017, además, la coalición política de derecha y el gobierno de Bachelet fueron denunciados por temas relacionados con financiamientos ilegales de campañas políticas y boletas falsas. Una de las instituciones más cuestionadas es el ejército de Chile: en esta institución, se procesó a varias autoridades por malversación de fondos públicos, y también se descubrió un fraude en Carabineros, la fuerza policial.

El malestar es general y está dirigido contra las instituciones. El 80% de los chilenos dice que la administración del Estado es "corrupta o muy corrupta". Por lo tanto, las marchas ya no tienen un objetivo determinado, sino varios que responden a un descontento social general. Así, es difícil saber cuándo se logrará llegar a un acuerdo y calmar los ánimos de la población y las autoridades.

En este momento hay 9 protestas contenidas por los militares y el presidente llamó a diálogo con los partidos opositores, pero no se observa la cercanía de una solución al conflicto.