Ellos proponen, usted decide. Hoy, Gustavo Menna

Nacido en 1965 en Coronel Pringles (Buenos Aires), Gustavo Menna es un abogado recibido en la UBA, fue profesor de derecho constitucional en la facultad de ciencias jurídicas y profesor de legislación ambiental en la UNPSJB. Trabajó de abogado independiente, fue convencional constituyente en la reforma de Chubut de 1994, diputado provincial entre 1995 y 1999, y secretario de gobierno de Comodoro entre 1999 y 2003.

Además, le gusta mucho leer y andar en bicicleta. Es casado y tiene dos hijos: el mayor, de 25 años, tiene un máster en economía aplicada y trabaja en la actividad privada; el menor, de 22, está estudiando y se encuentra de intercambio en Ámsterdam. Su objetivo, en lo personal, es ser feliz junto a su familia. Como precandidato a gobernador y para la provincia, desea transformarla y desarrollarla basándose en la promoción de las actividades productivas, las inversiones privadas y la generación de empleo productivo y de calidad.

En la nota con Red43, Ricardo Bustos le pregunta sobre diversos temas de interés, como el estado actual de la provincia, cuáles serían las prioridades de su gobierno, la deuda y el estado sobredimensionado, entre otras cosas.

Te invitamos a ver la entrevista completa en video.

B: ¿Cuál es su diagnóstico del estado de la provincia?

M: La situación es calamitosa, de altísimo endeudamiento. Somos la segunda provincia más endeudada. A todo esto hay que adicionarle deuda con proveedores, deuda en infraestructura, que, si bien no es una deuda contante y sonante, en algún momento hay que afectar recursos para recuperar todo el atraso que hay en infraestructura, que, para ponerlo en castellano, es no tener luz, no tener agua, no tener caminos, no tener conectividad.

B: ¿Cuáles son las tres prioridades más importantes de su gobierno en los tres primeros meses? ¿Qué es lo que el chubutense común va a ver en acciones concretas?

M: Ordenar el estado, recuperar solvencia fiscal y reordenar el tema de la deuda financiera y con proveedores. Tomar las medidas necesarias para que la educación sea de calidad, para que alcance a todos, y poner en marcha el aparato productivo. Es difícil constreñir la respuesta a tres medidas. Es un conjunto de medidas. Todo en un marco de recuperar la noción de solvencia fiscal, porque ninguna política pública puede sostenerse si no tiene presupuesto y si además no tiene continuidad.

B: No entran más impuestos al contribuyente ni más deuda al estado nacional y, por supuesto, al estado provincial mucho menos. ¿Qué va a hacer, cuando asuma, con la deuda? ¿La va a refinanciar, la va a achicar, va a continuar manoteando deuda para financiar el estado?

M: El nivel de deuda es insostenible. Al estar colmada la capacidad crediticia, es difícil tomar más deuda. Hay que refinanciar, estirar plazos. Lamentablemente, en esto, el que paga los patos es el proveedor: el estado, unilateralmente, le impone leyes, usa malamente el imperium para imponerle diferimiento de plazos, cuotas, papeles. Hay otro problema para dar esta respuesta, que es la escasa transparencia que tiene la provincia del Chubut. No cumplimos los estándares del gobierno abierto. Entonces también, para las fuerzas de oposición, para la ciudadanía, es dificultoso acceder a la información concreta, precisa, de la composición de la deuda, de los vencimientos, amortización y demás. Pero, sin duda, lo que hay que hacer es un ordenamiento profundo en esa materia y volver a recuperar la credibilidad con aquellos proveedores que confiaron en algún momento en el estado provincial, que forman parte de la economía del estado.

B: La semana pasada, Mercado Libre capitalizó su empresa a través de inversiones extranjeras. Una provincia también tiene dos opciones: o llama a deuda para financiarse, o llama a inversores. ¿Cuál será la política del gobierno en materia de inversión? ¿En qué áreas? Y, en ese orden de áreas, ¿qué rol juegan la minería y el petróleo?

M: Una de las cuestiones en que nosotros tenemos que incursionar es en la innovación, y en ese sentido el hidrógeno es toda una oportunidad, porque, además, tenemos una empresa en Chubut que está trabajando en eso, hidrógeno a partir de fuentes limpias. En energías renovables tenemos un cuello de botella, que es el acceso a las redes y además la capacidad de transporte. Ahí hay una oportunidad para invertir. Chubut tiene, hoy, 25 % de todo el potencial eólico que se desarrolló en el país a partir de 2016. Tenemos que seguir por ese camino. La ley habla también de la zonificación con un criterio ambiental, el camino está fijado. Hay lugares de la provincia que tienen esa idea o ese pensamiento como capacidad de desarrollo productivo. Hay otros sectores también muy dinámicos, como la pesca: es una actividad que, en algún momento, duplicó una exportación tradicional, como la carne. El 70 % de esas capturas desembarcan en los puertos del Chubut. Hay condicionantes fiscales impositivos laborales que hay que trabajar para poder potenciar la actividad. El turismo creemos que también, con toda la inversión, tiene mucho para dar. Y recuperar la capacidad productiva primaria. Si el estado afecta un fondo de 8 millones de dólares anuales a incentivar y promover todas las actividades primarias, podemos crear 16,000 puestos de trabajo en 10 años, si lo hacemos de forma sostenida.

B: Uno de los grandes males de la Argentina, y de la provincia del Chubut también, tiene que ver con gastar más de lo que entra. Tarde o temprano se pagan las consecuencias. Hablemos de ajuste. ¿Qué ajuste tiene que hacer el estado y qué ajuste tiene que hacer la política para que las cuentas cierren? ¿Por dónde el gobierno va a ajustar el estado?

M: El ajuste por el lado del gasto lo tiene que hacer la política, sin duda. Hay gastos que tienen que ver con la sobredimensión de la planta política, con, por ejemplo, carteles que salen muy caros, que llevan el logo del gobierno del Chubut, pero lo que hacen es hacer propaganda, no publicidad y difusión de actos de gobierno. Sin duda que es allí donde hay que poner el foco, en todo lo que sea el gasto improductivo. Pero sí debemos aclarar, porque si no se agitan los fantasmas, que para bien o para mal llegamos a esta situación de planta de personal, en donde se duplicó en los últimos 15 años. En los últimos 10 años, el empleo público creció en Chubut el 86 % y el empleo privado creció apenas por arriba del 50 %. No podemos, en este marco de crisis, afectar los ingresos de la gente, del trabajador estatal. En eso queremos ser muy concretos, muy precisos. En todo caso el ajuste lo tiene que hacer la política.

B: Todos coincidimos en que el estado, en cantidad de empleados, está sobredimensionado. ¿Qué piensa hacer con los empleados del estado?

M: Tenemos que limitar el ingreso con una herramienta legal. La ha tenido la provincia, el estado nacional la tiene también, es una autorestricción. Lo que sí tenemos que hacer es poner todos esos recursos humanos a trabajar, a dar con eficiencia el servicio que tienen que dar: sabemos de muchos casos en donde esto no ocurre.

B: El año pasado la provincia del Chubut recibió los coletazos de una decisión del gobierno, que era pagar en forma escalonada el sueldo del empleado público. Como consecuencia de eso, lo más grave no fue que los empleados cobraran en forma escalonada. La consecuencia más dramática fue que todos los niños se quedaron con más de 100 días sin poder recibir educación. ¿Qué piensa hacer con ese derecho a huelga del sector docente que, cuando se para de manos, puede parar la educación de la provincia, pública y obligatoria, durante más de 100 días?

M: Cuando la huelga responde a alguna reivindicación hay que ponerla en su justo límite y hay que estructurar una regulación que permita que el paro, la huelga, sea la última instancia. De hecho, hoy la normativa así lo establece. Lo que pasa es que hemos entrado en un campo de anomia y de no hacer cumplir las leyes. Hay que separar esa situación, en que hay una reivindicación, de cuando la medida se funda en el incumplimiento del estado: de lo que nosotros también debemos salir es del estado incumplidor. Hay servicios públicos esenciales en los que la gente no puede ser rehén de medidas de fuerza que se toman, a veces, sin siquiera cumplir esos pasos previos de anoticiamiento, de una instancia de conciliación y demás.

B: Hablemos de justicia. ¿Qué piensa hacer con el superior tribunal de justicia? ¿Qué habría que hacer para que la justicia funcione de manera tal que los hechos de corrupción no estallen en la cara?

M: Creo que hay que reducirlo: ya de por sí un superior tribunal de justicia es un tribunal constitucional, es la última instancia de las normas en el ámbito provincial. Tenerlo dividido en dos alas ya de por sí es una contradicción, porque entonces tenemos dos superiores tribunales de justicia. Si es uno debe ser impar, entonces quizá hoy volver a tres no es conveniente: queremos un superior tribunal de justicia de cinco. Hay que reforzar ese rol de garante, de intérprete último de la constitución, y prestar atención a cómo selecciona las causas que llegan a su conocimiento. En cuanto a lo que tiene que ver con la corrupción, la constitución tiene previstos mecanismos que tampoco se les dio nunca cumplimiento. La justicia actúa ex post, actúa una vez que el hecho pasó: lo ideal sería que estos hechos no pasen. Normalmente los casos de corrupción en países normales son excepciones. Acá hay algo ya más complejo, una organización. Hay que reforzar los organismos de control, pero también incorporar el concepto de abrir a la ciudadanía el control. Cada provincia tiene que tener su régimen adecuado a su derecho público para poder hacer efectiva esta acción.