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12 de Noviembre de 2020
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La Legislatura sesiona virtualmente y trata el proyecto de “Ficha Limpia”

La iniciativa presentada por el diputado radical Manuel Pagliaroni es un reflejo de la ley que impulsan opositores a nivel nacional.

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Nuevamente la Legislatura provincial sesionará de manera remota. Será este jueves desde las 9 de la mañana con varios proyectos para analizar y uno, particularmente, que se referencia con una iniciativa que se debate en el Congreso Nacional y tiene resonancia en los medios de comunicación nacionales. 
El proyecto de “Ficha Limpia” fue presentado en 2019 por el diputado de Juntos por el Cambio Manuel Pagliaroni y hace pocos días el vicegobernador Ricardo Sastre recibió las 378 mil firmas de ciudadanos de todo el país que solicitaban su aprobación.

 


“Es una lucha que viene sosteniendo la ciudadanía en todo el país. Es un proyecto enmarcado en la campaña de Gustavo Menna y que impulsó él mismo a nivel nacional y se está tratando en el Congreso”, indicó Pagliaroni.

 


Qué dice el proyecto
Como decíamos, la iniciativa es propuesta por referentes de la oposición nacional. Silvia Lospennato (Pro), autora de uno de los proyectos, destacó que la ficha limpia “ha movilizado a una enorme cantidad de ciudadanos en todo el país a través de una petición en Change.org organizada por el ciudadano Gastón Marra”.

 


Lospennato explicó que su iniciativa busca “evitar que personas que hayan cometido delitos por corrupción, que aun sin sentencia firme hayan sido revisados en segunda instancia, puedan convertirse en candidatos para cargos públicos nacionales”.

 


La legisladora aclaró que se trata de una “inhabilidad temporal”, desde que se dicta la condena hasta el final, o bien hasta que sea revocada en una instancia superior.

 


Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal), expresó: “La experiencia brasilera me llevó a indagar sobre el tema y a corroborar que si efectivamente tenemos una Constitución que califica de ‘infames traidores a la Patria’ a quienes cometen algún tipo de delito en la función pública, no podíamos no animarnos a legislar en torno a este tema”.

 


Camaño cuestionó que la última vez que se trató el tema fuera en la previa de las PASO, y celebró que se haya puesto ahora a consideración, para que la ley comience a regir en la elección parlamentaria del año que viene.

 


Con condena, no
En tanto, Gustavo Menna advirtió que “hay un vacío legal” ya que “la legislación electoral y la de partidos políticos no establece inhibiciones para las candidaturas, sino que lo hace por la vía de la remisión al Código Electoral, que lo trata desde las inhibiciones al elector”.
“Que una persona condenada quede fuera de la competencia electoral es un vacío notorio de nuestra legislación que nos obliga a incursionar en el tema, porque además hay mandatos constitucionales y compromisos internacionales asumidos en la materia”, señaló Menna.

 


El artículo 36 de la Constitución Nacional establece que “atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

 


Otra radical, Brenda Austin, dijo que “no hay dudas de que el marco constitucional permite avanzar en una restricción para ser elegido a aquel que tiene una condena, aun en primera instancia” y no en segunda, como propone Lospennato.

 


Austin argumentó que en el caso de los delitos de lesa humanidad, “solo con un auto de procesamiento” es suficiente para inhabilitar la candidatura, y esa reforma, aprobada en 2009, “ha pasado los test de constitucionalidad”.

 


Antecedentes penales

 

A su vez, la cordobesa recordó que la Ley de Empleo Público exige la presentación de un certificado de antecedentes penales, y “si la persona tiene un proceso penal abierto -no una condena- contra la Administración Pública, no puede entrar, y sin embargo aquella persona que se postula para ser su jefe sí puede”, lo que significa “una violación al principio de idoneidad y de igualdad”.

 


Pablo Tonelli (Pro) enfatizó, por su lado, que “existe un mandato constitucional muy claro y muy explícito para el Congreso”. “Más importancia que ésta, no puede tener un tema. No podemos desoír el mandato constitucional ni el pedido de tantos argentinos que reclaman que el Congreso trate el proyecto de ficha limpia”, insistió.

 


Por la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió que “el Congreso ha sido refugio de delincuentes a través de los fueros”.
“Con procesos tan largos, muchos funcionarios van a permanecer con fueros en las dos Cámaras, y eso no está bien para reconciliarnos con la sociedad, en momentos donde hay tanta intolerancia sobre la política”, manifestó, y remató con un mensaje al oficialismo: “No les pido que se hagan cargo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero sí de Carlos Menem”.

 

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