21 de Febrero de 2020
opinion |

Ciclo lectivo: se pagó la cláusula gatillo, pero los docentes no darán clases

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Ante el anuncio de paro por 72 horas a partir del miércoles, realizado por ATECh, y al ser feriado lunes y martes por carnaval, los alumnos, nuevamente, verán demorado el inicio de clases, sin fecha definida de cuándo comenzará el nuevo ciclo lectivo.

 

Este jueves, el gobierno realizó el anuncio del depósito de los fondos para las cláusulas gatillo correspondientes a cuatro meses, desde julio a octubre, y del saldo de la deuda con los auxiliares de la educación, por una suma total de 480 millones de pesos. También se está abonando, según las declaraciones de Meiszner, el último aumento de paritaria para auxiliares y la proporción del aguinaldo para los docentes.

 

Además, se pagaron subsidios a escuelas de gestión social y de gestión privada. Por estas razones, en principio, el sector se encontraría en mejores condiciones que otras áreas estatales en situación similar.

 

Sin embargo, pese a los fondos depositados, los docentes desde la Comarca Andina hasta la costa decidieron continuar con el paro por mayoría.

 

Los reclamos actuales son el pago escalonado, el transporte escolar, la infraestructura de las escuelas, partidas de comedor y limpieza, y una nueva paritaria salarial.

 

Independientemente de la posición que se tenga en relación al conflicto entre los docentes y el gobierno por los reclamos que ahora se hacen, nuevamente parece valer más el derecho de los docentes a hacer paro que el de los niños a estudiar y aprender. 

 

En esta hoguera de vanidades, egoísmos e intereses mezquinos, la clase política en general y, especialmente, quienes nos gobiernan, deberían ver que hay muchos más alumnos y padres que docentes, y que, aunque los alumnos no tengan un gremio, los padres votan.

 

Quizá así vean que no solo deben preocuparse por el derecho de huelga, sino por el derecho de los alumnos a estudiar y a educarse. Las sentidas declamaciones sobre la educación deben tener su correlato en hechos y obligaciones concretas.

 

Las partes deben respetar el derecho a estudiar y aprender de los alumnos, y, con ellos en el aula, arreglar las diferencias que no hayan podido subsanar en los meses de vacaciones.

 

Acá no se trata de estar del lado del gobierno o los gremialistas: se trata de estar del lado de los alumnos, que son la parte más débil y los más perjudicados.

 

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