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¿Cómo avanza la causa y qué delitos se investigan a Torres Otárola?

El procurador general, Jorge Miquelarena, destacó el avance de la investigación en el último mes, se refirió a los delitos que se encuentran en averiguación y sostuvo que algunas prácticas parecen "habituales" en causas por corrupción. Advirtió importantes fallas de algunos organismos de control. 

El procurador general de la provincia del Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió en diálogo con Red43 a la investigación a Cecilia Torres Otárola. En una amplia y detallada explicación, cont´en qué estado se encuentran las averiguaciones, la situación de la exministra y de las personas cuyos nombramientos están en el ojo de la tormenta, e incluso advirtió que hay ciertas prácticas que parecen ser habituales.

 

"La causa está en lo que, técnicamente, se conoce como investigación preliminar. La verdad es que tiene un corto plazo de investigación. Hace aproximadamente un mes y unos días, hubo una derivación de una causa que se lleva en Esquel, donde hay una denuncia por extorsión que también ha avanzado mucho y tiene mucha evidencia para seguir avanzando". señaló Miquelarena. Subrayó que a raíz de esto, "se dieron una serie de circunstancias y declaraciones en medios de comunicación y en redes sociales de la persona que aparecía como víctima: una serie de manifestaciones que tienen que ver con supuestas irregularidades mientras este profesional era asesor de la exdiputada Torres Otárola". Indicó que por estos dichos se hizo necesario que el Ministerio Público Fiscal intervenga y tras analizarlo la Procuración entendieron que "estaban dadas todas las características como para que esta investigación sea llevada por la oficina especial que a tal efecto se creó hace casi tres años, a partir de las causas Embrujo, Revelación y demás".

 

Esta unidad está especializada en la investigación de delitos contra la administración pública: "Se ameritaba que esta causa, por la complejidad y el cúmulo de hechos que en principio aparentaba, fuera llevada por el doctor Rodríguez, fiscal jefe de esta unidad especial".  "Euna unidad especial que atiende las causas de corrupción, las causas contra administración pública, pero no todas: solo aquellas en las que, por su impacto, por su perjuicio, por la cantidad de imputados, por las dificultades en la investigación y por una serie de cuestiones, amerita que sean investigadas por esta oficina especial", detalló.

 

El procurador general valoró los avances de las averiguaciones durante el último mes: "Se ha logrado autorización judicial para el levantamiento del secreto bancario, se han obtenido números de cuenta, se han obtenido registros de transferencias, se ha individualizado a un montón de personas, se consiguieron todos los legajos originales de estas personas que supuestamente prestaban tareas para la administración pública, se produjeron allanamientos y órdenes de presentación". Remarcó que los últimos allanamientos estuvieron destinados a obtener aparatos de telefonía celular, algo que obtuvieron: "Ahora están pendientes las pericias y están trabajando, en esta oficina, en la presentación del escrito pidiendo la apertura formal de la investigación".

 

 

"La denuncia concreta refería a hechos sucedidos durante el periodo de diputada y también a hechos sucedidos en lo que va del transcurso de este año, como titular del Ministerio de Familia"

 

 

Consultado por las calificaciones de los delitos que se investigan, Miquelarena precisó que lo está evaluando el fiscal Rodríguez. "Hay distintas alternativas y distintas hipótesis: algunos hechos, en principio, parecerían estar encuadrados dentro de lo que se conoce como 'conjunción', que es aquella persona que ejerciendo una tarea legítima es compelida, de algún modo, por quien paga, para que retorne parte de lo recibido", puntualizó. En esta causa puntual, "hay otros supuestos": "Se está investigando lo que podría ser un fraude a la administración pública, que es cuando se produce una serie de medidas o de ardides, de engaño, puesta en escena, para engañar a la administración pública y obtener dinero donde directamente no hay absolutamente ninguna contraprestación, por ejemplo, los conocidos 'ñoquis'. Y hay alguna otra hipótesis de trabajo, que podría llegar a tener que ver con alguna investigación de enriquecimiento ilícito."

 

Sobre las personas nombradas presuntamente de manera irregular y su situación en la causa, manifestó: "Nadie puede decir que 'no sabía' que no estaba trabajando y estaba cobrando, que no sabía de dónde venía ese dinero y que, además, lo estaba retornando en una parte y no sabía a quién se lo retornaba. Esto tiene que ver con las distintas responsabilidades y la distinta participación de sujetos involucrados en un mismo hecho". De todas formas, aclaró: "Hay distintas calificaciones, que tienen que ver con las responsabilidades de las personas que están sometidas a proceso. Eso también va surgiendo a lo largo de la investigación".

 

Desestimó, al menos por el momento, el dictado de prisión preventiva porque "no hay ningún elemento objetivo que, en este caso en particular, indique que la exministra haya intentado entorpecer la investigación, en absoluto". Agregó que la prueba documental el fiscal ya la obtuvo y también los teléfonos celulares. 

 

 

"El principio general del derecho, sobre todo el derecho penal, es el de inocencia. Nadie es culpable hasta que una sentencia firme nos demuestre lo contrario. En consecuencia, el principio general es la libertad de las personas durante el proceso, hasta tanto no haya una sentencia que indique lo contrario y que rompa ese principio de inocencia que tienen las personas. Ese es el principio general y que hay que respetar a rajatabla".

 

 

Por otro lado, Jorge Miquelarena comparó estos hechos con otras causas por corrupción y analizó: "Cuando uno escucha algunas declaraciones, parece que es una práctica bastante habitual, muchas veces tan habitual como difícil de probar, porque cuando esas devoluciones de dinero se producen en forma efectiva y manual a veces es muy difícil probar. En este caso, muchas de esas cuestiones están bancarizadas, por lo cual las posibilidades de pruebas son bastante más sólidas". "Lo cierto es que, para eso, hay determinados organismos que tienen que hacer auditorías, que tienen que denunciar estas cuestiones: y no es el Ministerio Público fiscal el que está ni facultado, ni con capacidades técnicas ni con recursos humanos suficientes como para ponerse a auditar los distintos ministerios 'por las dudas' que existan 'ñoquis'", evaluó el procurador general.

 

"Nosotros actuamos sobre denuncias concretas o sobre noticias concretas de determinado hecho delictivo. No somos una entidad auditora de nadie: para eso hay otros organismos del Estado, que tendrían que tomar cartas en el asunto", prosiguió sobre la función que debe cumplir el MPF. Esta situación es motivo de preocupación desde hace mucho y recordó: "En el año 2018, a partir de las causas que se conocieron como Embrujo y Revelación, yo le envié un oficio al gobernador Arcioni, con copia al que por entonces era contador general de la provincia, haciéndole saber, con preocupación, muchas de las falencias que nosotros veíamos a partir de esta investigación en los organismos de contralor, no en los de jerarquía constitucional, como puede ser la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción, sino que veíamos con preocupación muchas falencias de los estamentos intermedios, y me refiero a las direcciones de administración, a las jefaturas de compra".  Este escrito era "advirtiéndole y recordando de algún modo cuáles son las misiones y funciones de estas personas que tienen que velar por el buen gasto y la buena compra dentro de la administración pública".

 

 

 

"Advertimos que están fallando, y mucho, los organismos intermedios. Las direcciones de compra, las direcciones de administración, que es donde se empieza a gestar la contratación, ya sea de insumos de bienes o de personal que involucran dineros públicos. Ahí empieza a fracasar. 

 

 

"Me ha pasado a mí, inclusive siendo fiscal de estado, allá por el 2004 al 2008, ver muchas licitaciones que llegan a la Fiscalía de Estado y en que, de algún modo, se puede llegar a sospechar que la cosa viene 'armada', como se puede decir en la jerga", amplió. "Pero lo cierto es que la Fiscalía de Estado tiene que dictaminar por la legalidad o la ilegalidad de lo que está viendo, en este caso, por ejemplo, una licitación pública: y, si uno se pone a analizar, se encuentra con que todos los pasos se cumplieron. Desde lo formal, no hay reproche para hacer. Pero de algún modo se olfatea que la cosa puede venir armada de antemano", reveló.

 

"Me consta, porque una de las personas que intervino en esa reunión me lo hizo saber, que quien estaba de ministro coordinador, el doctor Mammarelli, convocó a todos los directores de compras y de administración de las distintas áreas de la provincia, les leyó el oficio, les recordó cuáles son las misiones y las funciones que debían tener y les advirtió, también, que en caso de no hacerlo podrían llegar a tener consecuencias de responsabilidades administrativas, civiles o penales", contó. "Evidentemente, mucho caso no le hicieron, ni a él ni a mí, porque a las pruebas me remito y hay algunas contrataciones que uno advierte, al menos en esta causa, que son, la verdad, sorprendentes", finalizó.

 

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