La jueza Martina Forns, al frente del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín, ordenó la suspensión por 180 días de cualquier acción administrativa vinculada con la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, una decisión impulsada por el presidente Javier Milei a través del decreto 461/2025, publicado el pasado 8 de julio.
La medida judicial responde a una presentación realizada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), uno de los seis gremios que representan a los más de cinco mil trabajadores del organismo. En su fallo, Forns hizo lugar al pedido de cautelar por considerar que la ejecución del decreto podría derivar en “traslados forzados, despidos encubiertos o desmantelamiento funcional”, lo que pondría en riesgo el funcionamiento de una institución técnica que necesita independencia operativa para cumplir su tarea.
En la resolución de nueve páginas, la jueza remarcó que hay un “riesgo cierto e inminente de daño irreparable” y cuestionó el artículo 32 del decreto, que supedita la estabilidad laboral del personal a futuras decisiones administrativas. Según Forns, este artículo viola derechos constitucionales y convenios colectivos vigentes, además de contradecir principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que impiden al Estado modificar unilateralmente condiciones laborales ya acordadas.
La magistrada también sostuvo que el decreto “atenta de manera clara contra el principio de estabilidad en el empleo público” y vulnera derechos sindicales y laborales al marginar a los empleados del alcance de los convenios colectivos y evitar la negociación paritaria.
Finalmente, Forns aclaró que todavía no resolvió sobre el fondo de la cuestión, la posible nulidad o inconstitucionalidad del decreto, ya que ese análisis requiere un tratamiento más extenso, con pruebas y participación de las partes.
R.G.