Se realizó una audiencia de control de prisión preventiva en relación a los tres imputados de un hecho ocurrido hace un mes y calificado provisoriamente por la Fiscalía como constitutivo de tentativa de homicidio. El procurador de fiscalía, Ismael Cerda, explicó que los motivos para mantener privado de su libertad al principal investigado, en tanto que pidió que en relación a los coimputados se disponga la prohibición estricta de acercamiento y contacto con la víctima por el plazo de la investigación. Luego de escuchar a las partes y analizar los riesgos procesales, el juez resolvió de acuerdo al pedido del Ministerio Público Fiscal.
En la audiencia se dieron a conocer nuevos detalles del informe médico de las lesiones. Se cuatro heridas provocadas con un arma blanca: la más grave fue en el brazo derecho, otra en el muslo, una tercera herida leve en la mano y una última en el otro brazo. Según los especialistas, la recuperación de la víctima llevaría entre dos y tres semanas, siempre que no surjan complicaciones de salud.
Al analizar el rol de cada uno en la agresión, Cerda explicó que el autor de las estocadas es respecto de quién se solicita la continuidad de la prisión preventiva. Respecto de los roles de los otros dos, señaló que uno de ellos colaboró en el ataque, en tanto que el tercero, estuvo presente en el lugar, ubicado en la puerta del comercio.
Para fundamentar por qué el principal acusado debía seguir preso por 60 días más, remarcó la expectativa de pena, que no cuenta con un trabajo formal que garantice su permanencia en la zona, ni habría otros elementos que permitan considerar que tiene arraigo firme. Además, advirtió que existe un peligro real de que intente amedrentar a la víctima o a los testigos para que no declaren, un temor que la propia víctima expresó. También se señalaron sus antecedentes violentos, ya que tiene causas abiertas por amenazas y agresiones.
Aunque la defensa pidió que se le permitiera cumplir un arresto en la casa de sus padres en Corcovado, el procurador de fiscalía se opuso recordando que, en un hecho reciente, la propia madre tuvo que entregarle un arma a la policía porque no podía controlar los arranques de violencia de su hijo cuando bebe alcohol. El juez coincidió con la Fiscalía y rechazó la prisión domiciliaria, entendiendo que la cercanía de la zona con la frontera de Chile aumenta el riesgo de que intente fugarse, y que la palabra de los familiares no alcanza para frenar sus conductas violentas.
En cuanto al segundo imputado, la Fiscalía consideró que su participación en el hecho fue menor y que, por este rol diferenciado, porque no cuenta con otros procesos penales en su contra, entre otros aspectos considerados, no es necesario mantener su encierro preventivo, sino que en su caso basta con una medida menos gravosa. La defensa estuvo de acuerdo y el juez ordenó su liberación inmediata. Sin embargo, le impuso una orden de restricción que le prohíbe por seis meses acercarse o comunicarse con la víctima por cualquier medio, ya sea en su casa o en su lugar de trabajo, advirtiéndole que tampoco puede mudarse ni viajar sin permiso judicial.
Por último, en el caso del tercer imputado, se presentaron informes médicos que indican dificultades en su capacidad de pensar y recordar, respaldados por certificados de discapacidad previos. Ante esta situación, las partes acordaron que permanezca en libertad bajo la misma prohibición de acercarse y/o tomar contacto con la víctima. El juez otorgó la libertad y dispuso que un equipo de médicos forenses y psicólogos le realice un examen exhaustivo para determinar si comprende lo que hizo al momento del ataque y si está en condiciones de enfrentar un juicio.