José Luis Espert volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial. A pocas semanas de que trascendiera que se había presentado ante la ANSES para iniciar un trámite de regularización de aportes jubilatorios, el exdiputado nacional fue procesado por presunto lavado de activos en una causa que investiga el origen de una transferencia de US$200.000 recibida en 2020.
La decisión fue tomada este jueves por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien también dispuso un embargo sobre los bienes de Espert por $1.000 millones y le prohibió salir del país mientras avanza la investigación.
El expediente se centra en el dinero que el exlegislador recibió de una empresa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. Espert sostuvo que la transferencia correspondía al pago por servicios de asesoramiento para una compañía minera de Guatemala. Sin embargo, la fiscalía sospecha que el contrato utilizado para justificar el ingreso de los fondos habría sido simulado.
El procesamiento representa un avance en la causa, aunque no equivale a una condena. La investigación deberá continuar para determinar el origen de los fondos y establecer las responsabilidades penales que correspondan.
La polémica por el trámite jubilatorio
A fines de septiembre, se conoció que Espert se había presentado en una oficina de la ANSES en San Isidro para consultar por su incorporación al régimen de regularización de aportes previsto en la Ley 27.705, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández.
Según se supo, el exdiputado tenía registrados poco más de cuatro años de aportes correspondientes a su paso por el Congreso y necesitaba completar los años requeridos para acceder a una jubilación. La nota indicó que debía cubrir alrededor de 25 años faltantes mediante el régimen, con un costo estimado en unos $9 millones.
El trámite generó cuestionamientos políticos debido a las críticas que Espert había expresado anteriormente contra las moratorias previsionales. Para completar el proceso, debía cumplir con las condiciones establecidas por la normativa antes de alcanzar los 65 años, el próximo 21 de noviembre.
Así, la discusión pública en torno a su situación previsional quedó ahora acompañada por un nuevo capítulo judicial, aunque ambos asuntos corresponden a procesos diferentes.