El abogado defensor Daniel Sandoval brindó detalles sobre la estrategia que llevará adelante en el caso de presunto cautiverio en Esquel y expuso la versión del imputado sobre el modo de vida de su familia. Habló de supuestas amenazas, explicó por qué el grupo familiar habría optado por el aislamiento y defendió las condiciones de vida de los jóvenes. También se refirió a la trayectoria profesional del hombre, de 71 años, y a su actividad durante la pandemia de COVID-19.
Sandoval aclaró que la investigación se encuentra en una etapa inicial y remarcó que la Fiscalía sostiene, de manera provisoria, las figuras de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas. “En principio tengo que tener en cuenta que nos encontramos en las primeras 24 horas de un proceso que la Fiscalía interpreta de que hay privación legítima de libertad y abandono de persona”, expresó.
El defensor explicó que la detención fue sometida a revisión judicial durante las primeras 24 horas y que el procedimiento se originó a partir de una orden de allanamiento. Según su descripción, la Policía y la Fiscalía consideraron que podía estar ocurriendo un delito en ese momento.
La prisión preventiva y la revisión judicial
Sandoval detalló que el Ministerio Público Fiscal había solicitado 60 días de prisión preventiva, pero el juez dispuso un plazo de 10 días para avanzar con medidas de investigación. La defensa cuestionó esa decisión y solicitó una revisión, aunque el tribunal revisor confirmó el plazo.
“El juez entiende que 60 días es mucho y le otorga 10 días para que se entreviste y que se haga todas las pruebas para que no se contaminen ni que esta persona pudiera de algún modo interferir a esa investigación”, señaló.
Sobre el planteo de la defensa, agregó: “Entendimos que esa medida también estaba desajustada, pedimos la revisión y minutos antes de esta nota, ustedes pudieron escuchar que el tribunal revisor confirmó los 10 días con la especial atención que se debe llevar a cabo de todas las pruebas para avanzar con este proceso”.
El abogado insistió en que el proceso debe respetar la presunción de inocencia y sostuvo que su trabajo consistirá en desarrollar una investigación propia para contrarrestar los elementos que presente la Fiscalía.
“Nosotros desde la labor profesional como defensores también vamos a contrarrestar todo lo que significa esta actividad del Ministerio del Público Fiscal con una investigación desde la faz nuestra privada para poder doblegar la condición del Ministerio del Público Fiscal y entender y llevar al juez la hipótesis del caso”, afirmó.
Las amenazas que habría recibido el imputado
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la explicación sobre el aislamiento familiar. Según Sandoval, el hombre había atravesado situaciones que le generaron temor antes de instalarse en Esquel. Mencionó una intervención anterior de una fuerza federal y supuestas amenazas relacionadas con su actividad profesional.
El abogado señaló que el episodio previo habría ocurrido alrededor de 2022, cuando el imputado fue objeto de una averiguación de antecedentes. Según su relato, esa situación lo hizo sentirse observado y reforzó el temor de la familia.
Luego precisó que, tiempo atrás, su defendido había atravesado “una averiguación de antecedentes por parte de una fuerza federal”. Al ser consultado sobre si había ocurrido en 2022, respondió afirmativamente.
Sandoval también aseguró que el hombre había recibido cartas intimidatorias y que incluso habrían dejado municiones frente a su domicilio.
“También manifestó el haber recibido en su portón varias veces cartas, que esto lo explicó en la audiencia, como la audiencia es pública, también lo voy a decir, que él ha recibido cartas intimidatorias de que deje o cese con el tema de las investigaciones, incluso con municiones en la vereda de su domicilio, como una señal de atemorizarlo”, relató.
El defensor sostuvo que esos episodios forman parte de las cuestiones que deben investigarse y afirmó que su cliente conserva material relacionado con los hechos.
“Él tiene ese material, ha formulado un par de denuncias, un par de veces las realizó también”, aseguró. Según su versión, esos antecedentes explicarían en parte por qué el hombre evitaba salir y por qué la familia habría optado por una vida más cerrada.
Las amenazas mencionadas corresponden al relato de la defensa y deberán ser contrastadas con las denuncias y los elementos a los que hizo referencia el abogado.
La educación de los jóvenes y las condiciones de vida
Sandoval también se refirió a los tres jóvenes que integraban el grupo familiar y rechazó que estuvieran desnutridos. Según explicó, el hombre era el único sostén económico y obtenía ingresos mediante su actividad profesional, la medicina y la telemedicina.
“Desde el año 2022 al 2026 se han pasado 4 años, el único sostén económico es el asistido y obviamente sus ingresos son a través del ejercicio de la medicina y de la telemedicina”, manifestó.
En ese sentido, afirmó que la familia recibía alimentos mediante comercios de la zona y servicios de entrega a domicilio. Vinculó esa modalidad con los vehículos que, según explicó, los vecinos observaban llegar a la vivienda.
“Eso explica fácilmente que la llegada de la alimentación se producía a través de eso”, sostuvo. Consultado sobre si los jóvenes estaban desnutridos, respondió: “No, no, obviamente”.
El abogado agregó que, según lo que le habría manifestado el imputado, los jóvenes tenían un coeficiente intelectual superior a la media. Esa afirmación corresponde a la versión de su defendido y no fue acompañada en la entrevista por documentación que permita corroborarla.
Respecto de la escolaridad, Sandoval aseguró que recibían educación a distancia y explicó que, según la información que tenía, dos de ellos hablaban inglés y castellano. También mencionó la educación técnica de uno de los jóvenes.
“Son educados a través de la nueva modalidad de educación, que son las educaciones a distancia”, indicó.
Al ser consultado sobre la institución a la que pertenecían, hizo referencia a una modalidad que denominó “itinerantes”, aunque no identificó con precisión el establecimiento educativo.
El defensor sostuvo que, a su entender, el eje de la investigación no pasa por la modalidad educativa, sino por determinar si existieron restricciones a la libertad de los jóvenes.
La versión sobre las salidas de la vivienda
Sandoval negó que existieran elementos que demostraran que los jóvenes estuvieran físicamente impedidos de salir. Para sostener su postura, argumentó que no se había acreditado el uso de armas u otros elementos de coerción.
“No se ha evidenciado que hay uso de armas o algún tipo de elemento que pudiera compelir a que ellos no salieran”, afirmó.
También vinculó la forma de vida de la familia con las experiencias que, según el relato del imputado, habían atravesado en el conurbano bonaerense. De acuerdo con su versión, después de la pandemia el grupo familiar habría mantenido ese modo de vida.
“Ellos venían en el 2020, ¿no? 20-22 después de la pandemia y ya tomaron esa modalidad”, expresó.
El abogado aclaró que no pretendía juzgar las decisiones de la familia ni las observaciones de los vecinos, aunque planteó que las formas de vinculación social y educativa de niños y adolescentes pueden ser diversas.
“A ver, eso es una cuestión muy subjetiva de los vecinos, respeto la opinión de los vecinos, respeto totalmente las condiciones, pero yo conozco muchos, este no es el único caso, conozco muchos casos donde los niños, adolescentes, permanecen en vidas que se interrelacionan con esto de las grandes redes”, dijo.
Y agregó: “No justifico ninguna actitud, ni que sea buena ni que sea mala, no juzgo absolutamente nada, cada cual elige el modo de vida”.
Cómo describió la vivienda
El defensor indicó que la casa tenía cuatro habitaciones, varios baños y un espacio destinado al trabajo del imputado. Según afirmó, cada integrante de la familia tenía su propia habitación.
“Es una casa grande, esa casa tiene cuatro habitaciones, me comentaba, varios baños, cada cual tiene su habitación, tiene una zona donde él trabaja específicamente para la investigación”, describió.
También señaló que la vivienda se encontraba cerca de centros comerciales, un aspecto que relacionó con la posibilidad de recibir alimentos y otros productos mediante entregas.
Sandoval se refirió, además, a los gritos que, según la Fiscalía, habrían sido escuchados desde el interior de la casa. Consultado sobre los presuntos pedidos de auxilio, respondió que ese fue uno de los argumentos presentados por el Ministerio Público Fiscal y vinculó esos episodios con las particularidades de salud de la mujer.
“Sí, eso fue lo que argumentó el Ministerio Público Fiscal, a las preguntas que se le hicieron al imputado, obviamente, él puede dar cuenta de cuáles son las situaciones que esta persona gritaba, no quiero introducirme básicamente en lo que tenga que ver con el contexto de la salud de la señora, pero también tiene clara vinculación con su particularidad de salud de la señora”, sostuvo.
El abogado no brindó detalles médicos y no se refirió a un diagnóstico específico.
La trayectoria profesional del imputado y su actividad durante la pandemia
Durante la entrevista, Sandoval describió al hombre como un profesional dedicado a la investigación y a la elaboración de productos vinculados con la medicina y la farmacología. Afirmó que se había formado en la Universidad de Buenos Aires y que contaba con títulos y doctorados relacionados con esas áreas.
“Él es un científico de Buenos Aires, como te decía, recibido en la UBA, hoy leía su currículum. Primero fue bioquímico, farmacéutico, médico y a partir de eso tiene doctorados en lo que es la investigación sobre la formulación de vacunas”, expresó.
En particular, sostuvo que su defendido había trabajado en protocolos relacionados con vacunas contra el COVID-19 en Argentina. También mencionó investigaciones sobre alimentación, productos naturales y componentes de la flora utilizados como base para desarrollos farmacológicos.
“Entre ellas las vacunas que ha estado elaborando que tienen que ver con el COVID, con las cuestiones de la alimentación, con productos naturales y con todo lo que implica la flora, su esencia misma para poder generar los productos bases de todo lo que tenga que ver con la farmacología”, agregó.
Sandoval afirmó que el imputado desarrollaba su actividad profesional desde su vivienda mediante telemedicina y tareas de investigación. Según indicó, esa actividad era la fuente de ingresos del grupo familiar.
Además, aseguró que el hombre tenía vínculos con distintas organizaciones científicas, mencionó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y se refirió a publicaciones académicas internacionales. También dijo que había dictado cátedras en la Universidad de Buenos Aires y en otras casas de estudio del país.
En relación con su actividad comercial, señaló que contaba con una empresa constituida como Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), registrada en 2020. Según el abogado, tanto esa inscripción como parte de la trayectoria profesional podían consultarse públicamente.
Estas referencias a la formación, los antecedentes científicos y la actividad empresarial fueron aportadas por Sandoval durante la entrevista. La existencia y el alcance de cada antecedente deben distinguirse de la situación procesal que se investiga.
El contacto con la familia durante la detención
Consultado sobre si el imputado podía comunicarse con sus familiares durante los diez días de prisión preventiva, Sandoval respondió que no estaba manteniendo contacto. Sin embargo, diferenció esa situación de una prohibición judicial expresa y explicó que él mismo recomendaba evitar las comunicaciones para preservar las declaraciones.
“No, no puede tener una presión preventiva por 10 días, pero no se dispuso, va de suyo que debería ser así para que se le tome estas cuestiones, y obviamente el consejo mío es que no tenga contacto, así los testimonios son los más puros y transparentes y claros”, afirmó.
De este modo, el defensor sostuvo que la falta de contacto respondía a una recomendación propia y no confirmó que el juez hubiera dictado una restricción específica de comunicación.
El planteo de la defensa
Sandoval cerró la entrevista con un pedido de cautela y sostuvo que el imputado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme. También señaló que la Fiscalía debe analizar tanto los elementos que puedan incriminarlo como aquellos que permitan explicar lo ocurrido.
“El Ministerio Público Fiscal debe velar por ese deber de objetividad, analizar todo lo que pasó, todas las cosas que existen y obviamente encontrar, si encuentra elementos de cargo suficiente tendrá que exponerlo a un juez para decir que esta es la acusación”, afirmó.
El abogado cuestionó los juicios anticipados sobre el caso y destacó el papel de los medios de comunicación a la hora de informar sobre el procedimiento sin presentar como probadas cuestiones que todavía están bajo investigación.
“Y esto que debemos sostener, que es el Estado de Derecho, en una presunción de inocencia hasta que cita la sentencia, es susceptible de ser analizado entre todos, y todo el mundo tiene que saber de qué se trata”, expresó.
Finalmente, sostuvo que tanto la defensa como la Fiscalía deben brindar explicaciones sobre el proceso y señaló que cualquier elemento que pueda contribuir a esclarecer los hechos debe ser aportado a las autoridades.
La investigación continúa con medidas destinadas a determinar las condiciones en las que vivía la familia y establecer si existieron delitos. Mientras tanto, la versión expuesta por Sandoval constituye el planteo de la defensa y deberá ser contrastada con las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal.