En una sesión maratónica marcada por intensas negociaciones que se extendieron hasta la medianoche, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó con dos tercios de los votos el proyecto de ley que establece un marco regulatorio permanente para el sistema de discapacidad en Argentina. La propuesta alcanzó 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, logrando así destrabar una discusión que mantenía en vilo al sector ante el próximo vencimiento de la emergencia vigente a fin de año.
La aprobación del texto significó un giro pragmático por parte del oficialismo, que decidió dar marcha atrás con el articulado que había presentado en el proyecto de Presupuesto 2027. Ese planteo inicial establecía severos ajustes, la desvinculación de la actualización por inflación de las prestaciones y la eliminación del Certificado Único de Discapacidad como acceso directo a las pensiones. Frente al reclamo unificado de las organizaciones de la sociedad civil y los bloques opositores, las espadas legislativas del Gobierno terminaron aceptando las modificaciones para asegurar el respaldo en el recinto.
El proyecto que ahora fue enviado al Senado ratifica la validez de la Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, con su consecuente actualización automática según el índice de precios al consumidor. Además, se garantizó la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el desempeño en el empleo formal o regímenes tributarios, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
Entre los puntos centrales negociados a último momento, la norma mantiene el régimen de nomenclador y arancel unificado para las prestaciones en todo el territorio nacional, evitando que cada jurisdicción u obra social determine los montos de manera arbitraria. Asimismo, se fijó la incorporación explícita de los beneficiarios al Programa Incluir Salud para asegurar el acceso a la cobertura médica y se estableció la obligación del Poder Ejecutivo de presentar un esquema de cancelación de deudas con los prestadores en un plazo máximo de noventa días.
El mapa parlamentario mostró el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y la mayoría de los espacios provinciales. Las posturas en contra provinieron principalmente de legisladores cordobeses que cuestionaron la falta de debate con los actores directos del sector, mientras que el Frente de Izquierda optó por la abstención al señalar la insuficiencia en los aranceles prestacionales. Con el amplio respaldo obtenido en la Cámara Baja, la iniciativa se encamina ahora hacia la Cámara Alta para completar su trámite legislativo.