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27 de Octubre de 2026
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Detectó agrotóxicos en muestras humanas y terminó despedida

Virginia Aparicio coordinó en Argentina el proyecto SPRINT, que detectó glifosato en la orina del 84% de los participantes analizados. 

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Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, fue exonerada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde trabajaba desde 1997. La investigadora coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, dedicado a estudiar la presencia de plaguicidas en las personas y el ambiente.

 

La decisión quedó formalizada mediante la resolución 366 del Consejo Directivo del organismo, luego de un sumario administrativo iniciado en diciembre de 2023. La medida implica la desvinculación definitiva de la científica y generó cuestionamientos entre investigadores y organizaciones vinculadas con la temática ambiental.

 

 

Qué encontró el proyecto SPRINT

 

 

La participación argentina en SPRINT comenzó en 2020, con financiamiento de la Unión Europea y la coordinación internacional de investigadores de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos. El estudio buscaba evaluar la exposición a plaguicidas en distintos sistemas productivos y analizar su presencia en muestras humanas y ambientales.

 

Durante 2021, el equipo recolectó muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 personas voluntarias del sudeste bonaerense, entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores. También se analizaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos.

 

Entre los resultados se informó la detección de glifosato en la orina del 84% de los participantes. Los investigadores también identificaron mezclas de distintos plaguicidas, un hallazgo que planteó interrogantes sobre la exposición simultánea a estas sustancias y la necesidad de profundizar los estudios sobre sus posibles efectos.

 

En 2023, la presentación pública de los resultados fue suspendida por el INTA y posteriormente se interrumpió la participación argentina en la iniciativa. La decisión fue cuestionada por sectores científicos y ambientalistas, que reclamaron la continuidad de las investigaciones.

 

 

Por qué el INTA decidió exonerarla

 

 

Según la resolución 366, la sanción se fundamentó en presuntos incumplimientos administrativos vinculados con el manejo de recursos del proyecto y la participación de personas sin una relación institucional vigente con el organismo.

 

Entre los cuestionamientos figura la intervención de José Luis Costa, investigador retirado y pareja de Aparicio, en tareas relacionadas con la coordinación y el tratamiento de información del proyecto. El expediente también objetó procedimientos vinculados con el envío de muestras a laboratorios del exterior y el funcionamiento del comité de ética.

 

De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, el organismo no acreditó un beneficio económico personal para Aparicio ni antecedentes disciplinarios previos. Sin embargo, consideró que las irregularidades administrativas señaladas eran suficientes para aplicar la sanción máxima prevista en el régimen de empleo público.

 

El procedimiento también alcanzó a otros integrantes del equipo: Facundo Quiroz recibió una suspensión de 15 días y Eduardo De Gerónimo, de 25 días. Para otros 13 agentes, el sumario concluyó sin sanciones.

 

 

La discusión por los resultados científicos

 

 

La resolución del INTA también se refirió a los resultados del estudio. Según el organismo, las ingestas de glifosato calculadas para los grupos analizados no superaron la ingesta diaria admisible de referencia. Además, señaló que la información sanitaria disponible no era suficiente para realizar un análisis epidemiológico formal.

 

Estos argumentos no eliminan el hallazgo de residuos de plaguicidas en las muestras, pero delimitan el alcance de las conclusiones que pueden extraerse del estudio: detectar una sustancia no demuestra por sí solo que haya causado una enfermedad, y determinar sus posibles efectos requiere investigaciones específicas.

 

La exoneración volvió a poner en discusión el futuro de la investigación pública sobre agroquímicos en Argentina. Mientras el INTA fundamentó su decisión en cuestiones administrativas, el caso reaviva el debate sobre la importancia de profundizar los estudios acerca de la exposición a plaguicidas y sus posibles efectos en la salud humana y el ambiente.

 

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