La Fiscalía logró que la Cámara Penal, por unanimidad, confirme en todos sus términos la condena impuesta a Joaquín Cañumir a la pena de siete años y seis meses de prisión. El recurso del defensor pretendía anular el juicio bajo el argumento de haber existido un estado de indefensión.
El nuevo abogado defensor argumentó que existió una supuesta falta de eficacia profesional en la asistencia del abogado de confianza que representó Cañumir hasta el juicio. Sostuvo que un error al no advertir oportunamente la prescripción de un delito menor (lesiones leves) permitió la incorporación de elementos probatorios que, según su criterio, habrían viciado la decisión del jurado popular.
Frente a esto, la fiscal Rafaella Riccono solicitó el rechazo integral del recurso. Desde la Fiscalía se remarcó que las pruebas cuestionadas eran estrictamente necesarias e indispensables para acreditar el contexto general en el que ocurrieron los hechos, fundamentales para dar cuenta de la ausencia de consentimiento y de la relación de asimetría, sin que ello significara un perjuicio real o una afectación al debido proceso.
El hecho por el que fue condenado
La Fiscalía demostró en el juicio que el imputado ejercía de forma recurrente violencia psicológica y coercitiva sobre la víctima, aprovechando situaciones de vulnerabilidad para imponer conductas de sometimiento sexual bajo amenazas y hostigamiento, afectando directamente la tranquilidad del hogar y el bienestar de las hijas de la mujer, en ese entonces de 12 y 2 años.
El evento principal de la imputación judicial se sitúa en la mañana del 27 de noviembre de 2022. La Fiscalía argumentó que, tras ingresar al domicilio en estado de ebriedad, el acusado forzó de manera violenta relaciones sexuales no consentidas en diferentes sectores de la vivienda. Los informes recabados señalan que la víctima intentó resguardar en todo momento la integridad emocional de sus hijas menores de edad para evitar que presenciaran las agresiones.
La decisión de la Cámara Penal
Los magistrados coincidieron en que los argumentos de la defensa no lograron demostrar una situación real de indefensión técnica, sino más bien una disconformidad con la estrategia legal desarrollada originalmente, por otro abogado contratado por Cañumir.
El tribunal destacó que el jurado popular evaluó la prueba de manera adecuada de acuerdo a las instrucciones de imparcialidad impartidas por el juez técnico, y que la incorporación de la prueba cumplió con los estándares legales de amplitud probatoria exigidos en causas donde se investigan hechos en contexto de violencia de género, más aun ocurridos en el ámbito de la intimidad del hogar.
Finalmente, la Cámara confirmó la condena a siete años y seis meses de prisión, ratificando además las medidas accesorias correspondientes, tales como la regulación de honorarios y la remisión del perfil genético del condenado, junto con una copia de la sentencia recaída y del informe del Registro
Nacional de Reincidencia, al RePriGAS (Registro Provincial de Identificación de Genética de Abusadores Sexuales) que funciona en el ámbito del REDIS (Registro de Defensa de la Integridad Sexual) en la órbita del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, una vez que el fallo quede firme.