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Aunque la Fiscalía había pedido diez años de prisión, el juez fijó una pena de siete años y seis meses. Consideró agravantes el vínculo de pareja, la violencia sexual, la vulnerabilidad de la víctima y las secuelas psicológicas.
La causa se originó en Cholila e investiga amenazas y desobediencias a una orden judicial dictada para proteger a su ex pareja y sus hijos. El arresto domiciliario será cumplido en El Maitén.
La investigación incluye amenazas telefónicas, intentos de ingreso a la vivienda de su ex pareja en Cholila y el incumplimiento de una prohibición de acercamiento dictada por la Justicia.
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