La decisión de la Corte Suprema sobre las cuotas de la medicina prepaga modificó el marco que regía desde fines de 2023. El tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado la intervención estatal y, con ese pronunciamiento, las empresas deberán volver a someter sus aumentos al control de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El fallo surgió de la demanda de una afiliada cuya cuota aumentó 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La resolución tiene efectos directos en ese expediente, aunque fija un antecedente para cientos de causas semejantes y para futuros reclamos de afiliados, usuarios y clientes.
Qué cambia en adelante
Las prepagas ya no contarán con el esquema de libertad de precios que establecieron los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023. Al quedar invalidados en la causa, vuelve a tener vigencia el sistema de la ley 26.682, que asigna a la Superintendencia de Servicios de Salud la tarea de fiscalizar la razonabilidad de las cuotas y autorizar sus modificaciones.
La autoridad de aplicación deberá revisar los pedidos de aumento con base en la estructura de costos de cada empresa y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos. En términos prácticos, una suba no debería depender solo de la decisión comercial de una compañía: tendrá que ser analizada y autorizada por el organismo estatal.
La Corte, sin embargo, no fijó una fórmula para calcular las futuras cuotas. Revocó el tramo de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que había dispuesto que los aumentos quedaran limitados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por eso, la inflación no será un tope automático para las subas.
Qué ocurre con los aumentos ya pagados
El fallo no ordena una reducción general de las facturas ni una devolución automática de los importes abonados desde que se liberaron los precios. Su efecto inmediato alcanza a la afiliada que inició la demanda contra su prepaga.
De todos modos, la sentencia puede ser invocada por otros clientes que cuestionen los incrementos aplicados en sus planes. Quienes consideren que pagaron de más podrán reclamar una revisión de su caso y, según las particularidades de cada situación, pedir la restitución de los montos que estimen improcedentes.