La causa judicial contra Agostina Páez en Brasil tuvo un nuevo giro luego de que el Ministerio Público solicitara una condena de 15 años de prisión y rechazara un acuerdo de no persecución penal que había sido impulsado por una fiscalía anterior.
La joven argentina está acusada de tres hechos de injuria racial. Su defensa, encabezada por la abogada Carla Junqueira, sostiene que existía un entendimiento previo con el Ministerio Público y con las personas afectadas para resolver el expediente mediante una salida alternativa.
Sin embargo, el cambio de fiscal modificó el escenario. La nueva representación de la acusación se opuso a esa posibilidad y una revisión ante la Procuraduría mantuvo el criterio contrario.
Qué contemplaba el acuerdo que finalmente fue rechazado
Según explicó Junqueira, la propuesta inicial contemplaba el depósito de una caución económica, una reparación pecuniaria para las personas afectadas y la posibilidad de realizar tareas comunitarias.
La abogada afirmó que el entendimiento había contado con el aval de las víctimas y que su defendida había salido de Brasil con la expectativa de que esa alternativa avanzara.
"Agostina está enojada porque salimos de Brasil con un acuerdo", expresó la letrada en diálogo con un medio de comunicación, al referirse al cambio de postura que se produjo tras el recambio en la fiscalía.
En paralelo, el Ministerio Público sostiene que se configuraron tres hechos de injuria racial y solicita una pena de 15 años de prisión. La defensa cuestiona esa interpretación y considera que los episodios no deberían computarse como delitos autónomos.
Qué puede pasar con la causa de Agostina Páez
La resolución final todavía está en manos del juez interviniente, quien deberá pronunciarse sobre el pedido de no persecución penal presentado por la defensa y el planteo de la fiscalía.
Junqueira señaló que continúa vigente una restricción que le impide a Páez viajar y que todavía no existe una fecha definida para conocer la decisión judicial.
La defensa aspira a que la eventual condena sea inferior a cuatro años, lo que permitiría solicitar su reemplazo por tareas comunitarias. No obstante, la abogada reconoció que no hay certezas sobre los plazos y puso en duda que el fallo pueda conocerse antes de fin de año.
Por el momento, la causa continúa abierta y será el magistrado quien determine cómo sigue el proceso judicial en Brasil.