El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la investigación patrimonial contra Manuel Adorni deje de tramitar bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para analizar una posible evasión tributaria.
En su dictamen, sostuvo que no pudo descartarse que los fondos cuestionados por la investigación provinieran de operaciones realizadas antes de que Adorni ingresara al Gobierno nacional, en diciembre de 2023. Por ese motivo, consideró que las pruebas reunidas no alcanzan para sostener que hubo un incremento patrimonial injustificado durante su función pública.
La investigación había detectado gastos y movimientos por más de 402.000 dólares, entre ellos compras de propiedades, reformas, viajes y pagos realizados en efectivo.
La defensa de Adorni explicó que parte de ese dinero provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Las pericias confirmaron actividad histórica en las billeteras digitales presentadas, aunque no pudieron determinar quién las controlaba durante aquellos años.
Sin embargo, Pollicita advirtió que todavía existen indicios de posibles irregularidades fiscales vinculadas con ingresos, ahorros en dólares y activos digitales que no habrían sido declarados durante distintos períodos.
Por eso, solicitó que el expediente sea enviado al fuero Penal Económico, que deberá evaluar si existieron delitos tributarios. La decisión final sobre el cambio de jurisdicción quedará en manos del juez federal Ariel Lijo.
El planteo no implica el sobreseimiento de Adorni ni el cierre de la investigación, sino un cambio en el eje de las actuaciones judiciales.
RG