En horas de esta mañana tuvo lugar una audiencia de control de prisión para una persona imputada por varios hechos relacionados con violencia de género y derechos del niño, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscal general Julieta Gamarra en sala de oficina judicial situada en tercer piso de los tribunales en Trelew.
La fiscal expuso acerca de los procedimientos que en materia de investigación se han llevado adelante en el transcurso de dos meses, lo que permite colectar un numeroso plexo probatorio, y refuerzan la necesidad de sostener la medida cautelar que lleva adelante el imputado ante los riesgos procesales que se mantienen vigentes.
El hombre se encuentra involucrado en hechos donde habría ejercido la violencia en perjuicio de su ex pareja y las hijas de ambos. Las situaciones presentadas ocurrieron, de acuerdo al relato fiscal, en la localidad de Gaiman desde el año 2024, luego que la pareja mantuviera una convivencia de unos siete años, aunque siempre el período estuvo enmarcado por manifestaciones de violencia y agresión. Es así que se le imputan cuatro hechos, donde inclusive el imputado hizo caso omiso a decisiones judiciales, como por ejemplo prohibición de acercamiento y las víctimas resultan ser sus propias hijas, su ex pareja y hasta profesionales del servicio de protección de derechos de aquella ciudad.
Las calificaciones son por un hecho de lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso ideal con desobediencia en el marco de la Ley 24417, 26061 y convención sobre los derechos del niño, otro hecho de amenazas en concurso real con daño en contexto de violencia de género Ley 26485 y bloque constitucional en la materia, un tercer hecho por amenazas en concurso real con desobediencia y el último calificado como coacciones agravadas dirigidas a obtener una actuación a concesión de agentes integrantes del organismo dependiente del poder ejecutivo municipal, coacciones agravadas en perjuicio de profesional y desobediencia policial.
La Jueza Mirta Moreno, que se encuentra subrogando al magistrado Gustavo Castro, valoró los elementos presentados por la fiscalía y rechazó las argumentaciones defensivas al indicar que no se puede desvirtuar la fuerza probatoria y los hechos son realmente graves, al considerar que los menores son víctimas de la irresponsabilidad parental, y sin perjuicio de las resoluciones que en tal sentido pueda adoptar el juzgado de familia, nada limita las acciones que son consideradas como delitos penales.
Así, resolvió hacer lugar a lo pedido por el Ministerio Público Fiscal y determinó la continuidad de la prisión preventiva del imputado por cuatro meses, lapso en que podría llevarse a cabo la audiencia preliminar correspondiente.