El crecimiento de las redes sociales convirtió a los influencers en actores con una enorme capacidad para instalar temas, recomendar productos y transmitir información a millones de personas. Ese alcance también abrió un debate sobre qué responsabilidades deberían tener quienes generan contenido y hasta dónde pueden llegar las regulaciones.
La discusión ya avanzó en distintos países, aunque con modelos muy diferentes. Algunas normas apuntan principalmente a transparentar los vínculos comerciales entre creadores y marcas, mientras que otras establecen requisitos sobre el tipo de información que pueden difundir.
China y una de las regulaciones más estrictas
China es uno de los casos más llamativos. Allí se establecieron controles para los creadores que abordan temas considerados de alto impacto público, como medicina, salud, derecho, economía, educación y medioambiente.
Una de las medidas más particulares exige que quienes produzcan contenidos especializados acrediten estudios, certificaciones o licencias relacionadas con el área sobre la que hablan. Las plataformas, además, deben verificar esas credenciales antes de permitir la difusión de determinados contenidos.
Las reglas también buscan combatir la información falsa, la suplantación de profesionales y determinados formatos de publicidad encubierta. El modelo chino abrió un debate entre quienes consideran que estas medidas pueden ayudar a reducir la desinformación y quienes advierten sobre los límites que pueden imponerse a la libertad de expresión.
Qué pasa en otros países
En Estados Unidos, el foco está puesto principalmente en la relación entre influencers, marcas y consumidores. La Comisión Federal de Comercio (FTC) establece que los creadores deben informar claramente cuando tienen un vínculo comercial con una empresa o reciben algún beneficio por recomendar un producto o servicio.
En la Unión Europea también existen herramientas específicas para abordar la actividad de los influencers. La Comisión Europea cuenta incluso con un “Influencer Legal Hub”, que reúne legislación, recomendaciones y casos vinculados con publicidad y protección de los consumidores.
En 2023, las autoridades europeas realizaron controles sobre publicaciones de influencers para detectar recomendaciones comerciales que pudieran resultar engañosas. La Comisión señaló que aquellos creadores que realizan actividades comerciales de manera habitual pueden ser considerados comerciantes a los efectos de las normas de protección al consumidor.
El enfoque europeo está puesto especialmente en que los usuarios puedan reconocer cuándo están frente a una publicidad y cuándo se trata de una opinión personal.
¿Y qué pasa en Argentina?
Argentina no cuenta con una ley integral que regule específicamente la actividad de los influencers como categoría. Sin embargo, eso no significa que los contenidos comerciales estén fuera de las normas.
Cuando un creador promociona un producto o servicio, pueden aplicarse las reglas generales de protección al consumidor y de publicidad. La normativa argentina establece obligaciones sobre la información que reciben los consumidores y contempla mecanismos frente a prácticas publicitarias engañosas.
Además, en 2025 se actualizó el marco general de la publicidad comercial mediante la Resolución 446/2025, que estableció nuevos criterios de transparencia y claridad en los anuncios. La norma también incorporó disposiciones específicas para determinados contenidos digitales.
En ese sentido, el debate argentino es diferente al modelo chino: no se trata de establecer qué título debe tener una persona para hablar públicamente sobre una determinada materia, sino de determinar qué responsabilidades existen cuando ese contenido tiene una finalidad comercial y puede influir en las decisiones de los consumidores.
Una discusión que recién empieza
Entre la libertad de expresión y la responsabilidad, queda abierta una pregunta: ¿cómo deberían regularse los influencers?
Mientras algunos países avanzan con reglas específicas y otros se apoyan en las normas de publicidad y protección al consumidor, el debate gira en torno a cómo establecer límites sin restringir la creación de contenidos, especialmente cuando se trata de información sobre temas sensibles o recomendaciones que pueden influir en millones de personas.
A.M.D