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El Senado aprobó la ley que impide los desalojos aborígenes por cuatro años

Establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

El Senado aprobó este miércoles la ley que protege la posesión de tierras en manos de las comunidades aborígenes, e impide los desalojos por un período de cuatro años. La norma se aprobó por unanimidad.

La ley 26.160 fue sancionada en 2006 y estableció la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, tal cual lo establece su primer artículo. Para acceder al beneficio de la norma, los grupos deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

En ese marco, declaró la suspensión por cuatro años de toda acción de desalojo de las comunidades asentadas en tierras sometidas a litigio judicial. También congelaba cualquier recurso administrativo ligado a este tipo de conflictos.

“La ley 26160 anduvo, porque dimos la seguridad de que ninguna comunidad aborigen iba a ser desalojada”, defendió la posición del peronismo la senadora del PJ-Frente para la Victoria Liliana Fellner, autora junto a Alicia Kirchner de la norma que originalmente se aprobó en 2006 y que tuvo como objetivo declarar “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país” por un plazo de cuatro años. Esa ley fue prorrogada en dos oportunidades, en 2009 y 2013, y vence el próximo 23 de noviembre.

La senadora jujeña fue la encargada de explicar que la posición del oficialismo, que pretendía reducir el plazo de prórroga por dos años y medio en lugar de cuatro. “Si hiciéramos eso estaríamos incumpliendo el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe consultar a los pueblos originarios cada vez que se prevean medidas que los afecten”, explicó Fellner. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue aprobado por Argentina en 1992 y tiene estatus supralegal.

En el mismo sentido se expresó la senadora rionegrina Magdalena Odarda, presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas, quien indicó que cuatro años “es el plazo mínimo” para llevar adelante el relevamiento técnico sobre las tierras, que el Estado debe hacer a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

“Si en 11 años hubiese habido voluntad política de resolver este tema, no estaríamos hoy pidiendo una nueva prórroga”, apuntó la senadora radical Silvia Giacoppo, que agregó que el oficialismo consideraba que el plazo no debía ser extenso “para que el gobierno que venga en dos años no herede el problema que heredó” Cambiemos pero que, de todas formas, acompañaría la renovación por cuatro años.

Sin embargo, a la hora de la votación en particular, el senador por Cambiemos Ernesto Martínez volvió a proponer que el plazo fuera prorrogado por un término de 18 meses, primero, que pudieran extenderse por 12 meses. La iniciativa no encontró eco ni su propio bloque. El senador Juan Manuel Abal Medina rechazó el cambio por parte del peronismo y solo cuatro senadores de Cambiemos acompañaron la idea.

El conflicto mapuche también fue mencionado por el senador Alfredo Luenzo, quien explicó que ese pueblo originario “que ha sido demonizado, está perfectamente integrado en la provincia de Chubut” y que “muy lejos de la violencia, los pueblos originarios solo reclaman tener las tierras que les pertenecen”. “Por no poner en práctica la ley 26.160 es q hoy estamos hablando del caso Maldonado”, lamentó Luenzo.

El proyecto fue finalmente aprobado en general por unanimidad, con 62 votos a favor y ninguno en contra. Ahora pasará a Diputados, donde debe ser aprobado antes del 23 de noviembre, fecha en la cual vence la protección contra los desalojos en las tierras en litigio. (Letra P)

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